El recibo de la luz de los consumidores en el mercado libre se ha encarecido un 10% desde el pasado domingo 1 de abril, frente al incremento del 7% en los contratos con tarifa regulada, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
Tras esta subida, la organización ha iniciado una nueva campaña para pedir a los consumidores que se unan y protesten por las "continuas subidas" del precio de la electricidad, que desde 2008 se ha incrementado más de un 60%. "Esto no va a parar aquí", afirma la OCU, que advierte de la posibilidad de que se produzcan nuevas subidas y que recuerdan que las eléctricas "urgen al Ejecutivo para que siga incrementando el recibo eléctrico".
Con la nueva subida, un hogar con la tarifa de último recurso (TUR) que consuma al año 3.500 kilovatios hora (kWh) y tenga una potencia contratada de 3.45 kW, pasaría de pagar 718 euros al año a 768 euros al año, esto es, 50 euros más. Para los hogares que estén fuera de la TUR y que hayan firmado un contrato en el mercado libre, el incremento podría ser incluso mayor y llegar a los 75 euros anuales, según los cálculos de la organización.
La OCU asegura que España es uno de los países europeos donde es más caro encender el interruptor, debido a que "conviven una mala regulación con unas compañías eléctricas que dicen subvencionar la luz a los consumidores a través del llamado déficit tarifario, mientras que año tras año sus cuentas de resultados arrojan unos ingentes beneficios". "Los consumidores no son culpables del llamado déficit tarifario, pero los diferentes gobiernos lo han ido reconociendo año tras año, trasladando esa responsabilidad al bolsillo de los usuarios", lamenta.
Por este motivo, reclama una "reforma integral" del sistema para que se pague por la luz el precio que realmente cuesta producirla. El recorte impuesto por el Ministerio de industria al sector eléctrico, anunciado la semana pasada, es un indicador de la "sobrerremuneración" que podrían haber estado recibiendo estos últimos años las compañías eléctricas, señala.
La OCU pide que que no suba la tarifa eléctrica "hasta que no se apruebe un sistema de fijación de precios transparente", que se aplique una tarifa social para quienes de verdad tienen menos recursos y el mantenimiento de la tarifa de último recurso (TUR). Además, reclama que los consumidores no sean "en exclusiva" quienes tengan que asumir el déficit tarifario generado por este sistema de fijación de costes y de tarifas.