Los Presupuestos Generales del Estado de 2012 (PGE) serán conocidos como las cuentas de los recortes. El Gobierno ha repetido en tantas ocasiones que éstos son los más "austeros" de la democracia española que ya antes de su publicación sólo se hablaba del impacto que tendrían en la vida diaria de millones de españoles.
Lo cierto es que deuda, paro y pensiones se comen bastante más de la mitad del presupuesto. Del dinero que ingresará el Estado, bastante más de la mitad está ya comprometido, ya sea en forma de deuda o en forma de obligaciones de pago (como son el subsidio de desempleo o las pensiones).
Por lo tanto, el margen para el recorte no está en los 362.000 millones que figuran en la tabla principal del gasto público, sino en los poco más de 100.000 que quedan disponibles una vez que se eliminan estas partidas. Por eso, no es extraño que haya sido la inversión pública la parte de los PGE que con más fuerza ha sufrido el tijeretazo de Montoro. Es una línea de gasto muy grande y de la que es relativamente sencillo recortar (se paraliza una obra y ya está, se deja de gastar dinero).
El rompecabezas autonómico
Todos los informativos están este miércoles repletos de consejeros autonómicos quejándose de lo mal que trata el Estado a sus autonomías. Pero lo cierto es que casi la única partida que crece de forma significativa en las cuentas de este año es la de transferencias a otras administraciones públicas, con 7.000 millones más. Y Montoro repitió ayer que los fondos de autonomías y ayuntamientos se han salvado del tijeretazo. ¿Quién tiene razón? Pues unos y otros tienen argumentos para defender sus posiciones, aunque en esta ocasión el ministro de Hacienda parece tener más razones.
La realidad es que aumentan las transferencias directas a los gobiernos regionales un 9,7%, hasta los 27.734 millones, y a cambio se reducen con fuerza las inversiones por regiones. Todas las autonomías (excepto el País Vasco y Galicia, gracias al AVE) ven un drástico recorte en las inversiones realizadas en su territorio (fundamentalmente, hablamos de obras públicas). Al mismo tiempo, los gobiernos regionales ven incrementarse el dinero a su disposición.
De hecho, el Ejecutivo ha reservado 8.455 millones en el capítulo de gasto disponible como incentivo para las autonomías que cumplan el déficit. Se realizará a través del sistema de financiación, del plan de pago a proveedores y de los adelantos en las liquidaciones del sistema de financiación. Podríamos decir que este dinero es la zanahoria que se une al palo de la amenaza de intervención. Montoro ha dado algo de aire a unas autonomías ahogadas en sus obligaciones de gasto, pero exigirá el cumplimiento estricto de sus compromisos de déficit.
Se desploma la inversión
La inversión pública es la partida que soporta la mayor parte del ajuste en los PGE. De hecho, la parte más visible, las infraestructuras, se han reducido casi a la mitad desde 2010. En aquel año, Fomento tenía a su disposición 21.240 millones para carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos y obras hidráulicas y medioambientales. En 2012, esa cantidad será de apenas 11.386 millones de euros, de los que 6.043 millones irán a parar a la red de ferrocarriles, especialmente para obras del AVE (se lleva un 71% del total). Sólo las carreteras (las más afectadas por el recorte de 2011) se salvarán este año de la tijera de Montoro.
Casi todas las quejas autonómicas llegarán por este lado. Cada presidente regional se acordará de la carretera que no llega hasta su comarca, de la vía de tren que queda paralizada o del aeropuerto que se queda sin obras de reformas. Montoro dijo el martes que "este Gobierno no es rehén de nadie y piensa en el interés de toda España y en los proyectos de inversión prioritaria".
Inversión en las CCAA 2012