Expropiación

Repsol, enemigo del pueblo

La ofensiva del Gobierno argentino contra Repsol tiene causas políticas por encima de las económicas.

En octubre pasado, Cristina Fernández de Kirchner consiguió la votación más alta en unas elecciones presidenciales desde la registrada por Perón en 1973. El reciente milagro económico argentino que, junto con la muerte de su marido, permitió su reelección ya mostraba un agotamiento que se ha agravado desde entonces: inflación descontrolada, burocratismo, dependencia de China como compradora de soja, subsidios desmesurados, fuga de divisas, caída de la producción energética...

Como suelen hacer los países subdesarrollados o con regímenes autoritarios, Fernández y su círculo han buscado enemigos exteriores. Así obró la Junta militar en 1982 cuando invadió las Malvinas y lo está haciendo la presidenta, que ha planteado un frente doble, con una campaña diplomática de reclamación de las islas contra Gran Bretaña y con otra campaña contra Repsol y España. Los gobernantes argentinos no aprenden: la Junta militar fue a la guerra a la vez que amenazaba a Chile, con lo que éste colaboró con Londres.

El peronista Carlos Menem desmanteló completamente el sector público en los años 90; entonces YPF se vendió a Repsol. Otros peronistas, los Kirchner, están procediendo a la re-estatización de la economía argentina. Aerolíneas Argentinas ha vuelto a ser una empresa pública y las principales actividades económicas (cultivo de soja, exportación de carne, venta de combustibles y energía, banca y planes de pensiones, reservas del Banco Central...) están sometidas a una legislación que cambia por decreto según los antojos o las necesidades de la Casa Rosada. Para no asustar a los inversores y las autoridades extranjeras, los Kirchner han recurrido a testaferros para controlar las empresas; en el caso de Repsol al Grupo Eskenazi, que entró en el capital de YPF en 2008.

El objetivo de la nacionalización de YPF es convertir a ésta en una copia de la PDVSA venezolana, mediante la cual Hugo Chávez obtiene dólares, reparte concesiones a sus amigos y hasta adquiere alimentos para distribuir en el país, que padece desabastecimiento. No están en juego ni la soberanía nacional ni la independencia energética, sino el propio régimen político. También en 2008, los Kirchner realizaron otra cacicada: nacionalizaron (expropiaron más bien) los fondos de pensiones privados para disponer de caja con la que adquirir fondos que mantuviesen los subsidios que distribuyen a millones de familias.

Por fortuna, en esta ocasión no hay un Zapatero en La Moncloa ni un Moratinos ni una Trinidad Jiménez en Exteriores, que acepten la consigna de sus camaradas izquierdistas de que las empresas españolas son colonizadoras y expoliadoras. La prensa argentina desvela que el presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso, unió su queja a la ya enunciada por el ministro Soria, y le expuso a Fernández, de manera educada como hacen los portugueses, la preocupación de la UE por la posible ruptura de un contrato más con otra empresa europea. Ni España ni Repsol están solos.