La de este sábado no fue una reunión más entre Mariano Rajoy y sus barones regionales. El presidente buscaba un encuentro de verdad, no meramente testimonial, en el que se pusiera encima de la mesa, con toda crudeza, la realidad del melón autonómico. Por ello, blindó la reunión ante los medios de comunicación, hasta el punto de que ordenó taxativamente a los integrantes que no filtraran nada a la prensa. “Nos ha pedido discreción y no contar nada, y tengo que obedecer”, explicó, vía mensaje de texto, un presidente.
El jefe del Gobierno consiguió un respaldo cerrado, explícito a través de una declaración firmada por todos los líderes, a su plan reformista. En palabras de María Dolores de Cospedal, un compromiso “absoluto” a todas y cada una de las medidas, como la poda de 10.000 millones de euros en las áreas de Educación y Justicia o el compromiso de déficit público del 1,5% para el presente año.
Ahora bien, Rajoy también tuvo que escuchar a sus barones. Todos asistieron a la cita, y todos tomaron la palabra. Contaron “sus penas” pero también “lo que han estado haciendo” para llegar a la meta, explicaron fuentes conocedoras de la reunión. También se trató la situación de las comunidades en las que no gobierna el PP, y que se reduce a Cataluña, País Vasco, Asturias (a la espera de pactos), Islas Canarias y Andalucía. Preocupa, muy especialmente, éste último territorio, cuyas cifras de déficit siguen siendo, admiten en Génova, “un misterio” a día de hoy.
Del lado del Gobierno, la representación fue del máximo nivel, encabezada por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y siguiendo por los ministros Luis de Guindos, Cristóbal Montoro y José Manuel Soria -que compartía el cargo de Industria con el de presidente de los populares canarios-. También de este lado se hizo una extensa exposición, explicando que el Ejecutivo auxiliará a las comunidades en todo lo posible, ahí está la ayuda de pago a proveedores, pero insistieron en la obligación irrenunciable, sea cual fuere la herencia recibida por el PSOE, de no sobrepasar la línea roja del déficit. Y a ello, sin reservas, se comprometieron los responsables autonómicos.
Entrando en materia, dos fueron los puntos cardinales de la cita. El primero, el establecimiento de un “sistema de prioridades” para salvaguarda lo único sagrado, según el PP, y que pasa por la universalidad de la educación y la sanidad. El segundo, la posibilidad planteada, no este sábado pero sí esta misma semana, por Esperanza Aguirre y José María Aznar de abordar la posibilidad de una devolución de competencias al Estado.
“No se ha hablado del tema de la devolución”, zanjó Cospedal, en rueda de prensa, sobre la segunda de las ideas encima de la mesa. Barones y Gobierno evitaron así un tema espinoso que aún sigue provocando mucho revuelo en el PP. Como contrapartida, Rajoy sí que entró en el debate de la “coordinación” y la “reordenación” del ejercicio autonómico. “Hay que eliminar todo aquello que sea superfluo”, explicó la secretaria general de la formación, haciendo público un sentimiento muy extendido entre los suyos.
Oficialmente no se fue más allá, y Aguirre tampoco lo planteó. Eso sí, el compromiso de los barones incluye “evitar duplicidades en el ejercicio de competencias tanto entre comunidades y administración general como entre comunidades y administraciones locales”, afirmó Cospedal. Y esto abre un abanico muy ámplio, recalcan las fuentes consultadas, que apelan una y otra vez a la “sobriedad de las cuentas”.
Pero, íntimamente relacionado, el presidente también quiso hacer una defensa del modelo autonómico actual. “Este gran país integrado por diecisiete comunidades autónomas más dos ciudades autónomas”, le parafraseó su número dos. Según un barón autonómico, Rajoy remachó mucho este mensaje: “El Estado somos también las comunidades y vamos a arrimar el hombro”, incidió. “Las comunidades no son el problema de España, tienen que ser parte de la solución”, sentenció Cospedal.
En la reunión también se abordó, de forma muy profusa, lo que se vino a llamar un “sistema de prioridades”, al que se comprometieron los cargos del PP. Cada comunidad lo establecerá según sus necesidades, pero Cospedal ya avanzó qué hará en su caso, el de Castilla-La Mancha: “Eliminar el transporte gratuito para mayores de 65 años” o “la gratuidad de los libros de texto”. Todo para mantener “el compromiso con la ciudadanía española de un mantenimiento de los servicios básicos españoles”.
“No hay que dejarse llevar por algunos que llaman derechos sociales a lo que no lo son”, remachó la número dos del PP, que pidió con insistencia adaptarse a la difícil realidad económica. “Es la hora de que empecemos a hacer las cosas como se tienen que hacer”, añadió, no sin recordar que hace poco más de tres meses quienes gobernaban eran los socialistas, y es su herencia la que ahora pagan los españoles. Traducido: "Recortar por todas partes, de todos lados, pero cumplir sí o sí porque lo que nos jugamos es mucho", expuso un afectado.
Esto en el fondo, porque en las formas se vivió un auténtico alineamiento sin fisuras con el presidente en primera persona. Un apoyo total a las propuestas, aunque puedan provocar desgaste electoral. “Se responderá informando, dando la cara”, esgrimía un barón. Rajoy se fue convencido de que la mayor parte del poder autonómico le sigue sin poner, al menos de momento, pero alguno. Y esto, en la peor semana desde que accediera al poder, es todo un alivio que, espera, provoque confianza el lunes, con la apertura de los temidos mercados.