El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha explicado este sábado que el Gobierno podrá sancionar a las comunidades autónomas que no cumplan con el déficit, un mecanismo que se contemplará como último paso antes de la intervención.
En declaraciones a los periodistas tras participar en una reunión de la dirección del PP catalán, ha detallado que si una autonomía o una corporación local no cumple con el objetivo de déficit la sanción se materializará a través de "su participación en los ingresos del Estado".
Este mecanismo está contemplado en la Ley de Estabilidad, y Montoro ha defendido que es una normativa que proviene de Europa y que el Gobierno se limita a aplicar a España para así afrontar la salida de la crisis con garantías.
Además, Montoro ha pedido este sábado a CiU que retire la enmienda a la totalidad que la federación nacionalista presentó este viernes. Ha pedido "responsabilidad" ante los Presupuestos Generales del Estado (PGE)
"La posición política de CiU no debe ser restrictiva insistiendo en determinados planteamientos de inversión, sino que debería ser una posición responsable de unidad, de colaboración y de cooperación como la que está teniendo el Gobierno con Catalunya", ha sentenciado.
En declaraciones a los periodistas tras asistir a una reunión de la dirección del PP catalán, ha insistido en que el Gobierno no pagará algunas de las partidas que adeuda a Cataluña como la Disposición Adicional Tercera del Estatuto.
Montoro ha subrayado que las inversiones que reclama la Generalitat no ayudan a la salida de la crisis, y que, en cambio, sí lo haría mandar un mensaje a Europa de que los presupuestos en España salen adelante con "mayorías parlamentarias muy amplias".
Asimismo, el ministro ha destacado que, pese al impago de la Disposición Adicional Tercera, el Gobierno sí está cumpliendo con Catalunya porque el plan de proveedores impulsado por el Ejecutivo español permitirá a la Generalitat saldar deudas pendientes de liquidación por valor de casi "2.000 millones de euros".
Este pago, según Montoro, se efectuará entre finales de mayo y principios de junio, y significará, a su juicio, un impulso para los autónomos y las empresas proveedoras de las administración pública que están en una situación de "agobio por su liquidez".
En la misma línea se ha expresado la presidenta del PP catalán, Alícia Sánchez-Camacho, que ha pedido a CiU un "esfuerzo para dar confianza" a los presupuestos, como ya ha apoyado en esta legislatura iniciativas como la reforma laboral o la Ley de Estabilidad.
Pese al impago de partidas como la Disposición Adicional Tercera, para la líder popular catalana la "máxima lealtad" que puede tener el Gobierno con Catalunya es ayudándola a salir de la crisis y, según ha dicho, esta ayuda está reflejada en los PGE.
Camacho ha asegurado que tanto CiU como el Govern son "muy importantes" para que las cuentas salgan del Congreso respaldadas por una amplia mayoría.