El pleno del Senado ha dado 'luz verde' sin cambios al proyecto de Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera, que queda aprobado de forma definitiva por las Cortes y que entrará en vigor de forma inmediata.
En la Cámara Alta, el Gobierno ha contado con los votos favorables del PP (145 votos), CiU (7 votos), el senador de Foro y los dos de UPN. Así, la Ley ha obtenido un total de 155 votos a favor, 59 votos en contra y 5 abstenciones (PNV y un senador de Coalición Canaria).
Tras rechazar el veto a la totalidad de los dos senadores de ICV, la Cámara Alta ha tumbado también las 97 enmiendas parciales vivas de los grupos, de forma que la norma queda aprobada tal y como salió del Congreso el pasado 12 de abril, informa Europa Press.
Inicialmente, el texto había recibido 38 enmiendas parciales de CiU, 31 de la Entesa, 15 del PSOE, 11 del Grupo Mixto y 4 del Grupo Parlamentario Vasco, aunque dos de ellas fueron retiradas y una no se admitió a trámite.
La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera obliga a las administraciones públicas a tener déficit cero a partir del año 2020, y hasta entonces estarán obligadas a ir reduciendo los actuales niveles de déficit y deuda para poder alcanzar dicha meta.
En concreto, la Ley introduce la deuda pública como criterio de sostenibilidad presupuestaria, que no podrá superar el 60% del PIB, al tiempo que todas las administraciones públicas deberán presentar equilibrio o superávit computado en términos SEC a partir de 2020, por lo que ninguna podrá incurrir en déficit estructural desde entonces.
Este objetivo es mucho más estricto que el que pactaron este verano PP y PSOE, con motivo de la reforma de la Constitución para controlar el gasto público, y que contemplaba un déficit estructural máximo del 0,4% del PIB. Por esta razón, el PSOE no ha querido apoyar la Ley ni en el Congreso ni en el Senado.
En cambio, el Gobierno ha contado con el apoyo de CiU, como ya ocurrió en el Congreso, donde el Ejecutivo cedió en su principal reivindicación: que las comunidades autónomas que hayan cumplido con los objetivos de déficit en 2020 puedan amortizar la deuda, cuando hayan dedicado recursos a potenciar el crecimiento, en un plazo de 20 años a partir de 2012, hasta 2032.
UPN también ha vuelto a dar su apoyo al Gobierno y PNV se ha vuelto a abstener, igual que en la Cámara Baja, donde pactó el mantenimiento de la especificidad de las haciendas forales de Navarra y País Vasco, recuperando la redacción a este respecto que figuraba en la normativa de 2004.
Con todo, la Ley ha quedado definitivamente aprobada por las Cortes Generales y entrará en vigor de forma inmediata, algo que, según el Gobierno permitirá mandar un mensaje de confianza en España, que garantizará el cumplimiento de los objetivos de déficit.