El Gobierno ha decidido acudir al arbitraje obligatorio en el conflicto entre Iberia y el sindicato de pilotos Sepla por la creación de Iberia Express, según permite el ordenamiento jurídico, con el objetivo de "poner fin" a un conflicto que "está costando importantes ingresos para todos", tras meses de continuadas huelgas.
En la rueda posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó que este proceso implica el nombramiento de un árbitro entre las dos partes, que en el caso de no llegar a un acuerdo, será designado por el Ministerio de Fomento.
De esta forma, se abre un plazo para que ambas partes designen un árbitro, que será el encargado de redactar el correspondiente laudo. Sáez de Santamaría recordó este viernes que el laudo arbitral será de obligado cumplimiento para las dos partes.
La esperada decisión del Ejecutivo coincide con una nueva jornada de huelga de los pilotos de la aerolínea y llega después del fracaso de la mediación del exministro de Trabajo, Manuel Pimentel, que derivó en la convocatoria de 30 nuevos paros por parte del Sepla, de una huelga que empezó a mediados de diciembre.
La compañía ha cifrado en tres millones de euros diarios el impacto de la huelga de sus pilotos, con lo que solo en este mes de abril, con siete jornadas de paros, las pérdidas alcanzarán los 21 millones de euros, superando los 40 millones de euros desde que comenzaron las primeras jornadas de huelga a mediados de diciembre.
Tras la decisión del Gobierno de imponer un arbitraje obligatorio, el Sepla ha decidido desconvocar los paros para "favorecer y facilitar la labor del árbitro" que se nombre.
Habrá un laudo
No es la primera vez, que ante las sucesivas huelgas de estos meses, el Gobierno decide intervenir. La ministra de Fomento, Ana Pastor, trató de agotar la vía del acuerdo, fracasada ya la mediación, convocando a Iberia y sus pilotos en la sede del Ministerio, antes de acudir a un laudo de obligado cumplimiento.
En aquella reunión Fomento instó a las partes a exponer sus discrepancias para valorar si todavía existía una vía de negociación, con el argumento de que es "mejor un mal acuerdo que un buen laudo", según dijo Pastor.
Con los documentos de una y otra parte en la mesa, no parecía posible un acuerdo, ya que tanto Iberia como el Sepla no ceden en sus posturas en relación a Express, con lo que todo apuntaba a una posible intervención del Ejecutivo.
Para la aerolínea, Iberia Express, que inició sus operaciones el pasado 25 de marzo es "innegociable", responde a una decisión empresarial y es además una necesidad para competir en el medio y corto radio ante el auge de las low cost.
El Sepla defiende, por su parte, que su creación vulnera el convenio colectivo, concretamente el anexo 10 que recoge que estas operaciones deben realizarlas los pilotos de Iberia.
Paralelamente, Iberia ha planteado recortar en 20% los costes salariales de sus pilotos -único colectivo con el que tras más de dos años y medio de negociaciones no ha logrado cerrar ningún acuerdo sobre el convenio-, para ahorrar 62 millones de euros, además de aumentar un 25% su productividad.
Para ello, acogiéndose al nuevo marco laboral, que permite a las compañías modificar las condiciones del convenio colectivo si acreditan una caída de ingresos durante seis meses, la compañía convocó a los pilotos para negociar estos cambios. El Sepla no acudió a la cita a la espera de la evolución de la intervención del Gobierno. Así las cosas, será un laudo el que ponga fin al conflicto.