el frob aportará 15.000 millones

Los bancos necesitarán 30.000 millones más para limpiar el 'ladrillo'

De Guindos obliga a todas las entidades a crear sociedades donde aparcar los activos inmobiliarios.

La cuarta gran reforma del sistema financiero español ya está en marcha. Las tres primeras (dos impulsadas por el Gobierno socialista y otra más anunciada hace tres meses por Luis de Guindos) no acabaron con las incertidumbres que rodean a los bancos y las cajas españoles desde que se inició la crisis.

Ahora, el ministro de Economía asegura que ha llegado la hora de la verdad. De hecho, ha calificado lo presentado este viernes como un segundo paso en el camino iniciado hace tres meses. En teoría, para mediados de 2013 debería estar finiquitado todo el proceso. ¿El coste? Según De Guindos, el Estado no tendrá que poner un euro a fondo perdido, sólo prestará dinero a los bancos a través del Frob al 10% de interés. Y según sus cálculos, la cantidad a desembolsar no pasará de 15.000 millones. Tanto en los tiempos previstos como en esta última cifra, los cálculos son optimistas, pero el ministro parecía convencido en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de que se conseguirá el objetivo.

Más provisiones

La primera clave de la reforma es que aumenta la cantidad de provisiones que deben acumular los bancos para hacer frente al deterioro de su cartera inmobiliaria. Los activos del ladrillo en manos de las entidades se dividen en dos:

  • Problemáticos: es decir, los que corresponden a créditos que se consideran dudosos (porque no se ha pagado algún plazo o ha habido algún tipo de irregularidad). Suman unos 184.000 millones de euros.
  • No problemáticos: créditos inmobiliarios que se han ido pagando hasta ahora. Suman 123.000 millones.

En la reforma de febrero, De Guindos obligó a aumentar mucho las provisiones de los activos problemáticos. En lo que respecto al suelo, las provisiones llegaron al 85%. ¿Que quiere decir esto? Supongamos que un banco había prestado diez millones de euros a un promotor para comprar suelo. Ahora ese promotor no paga y el banco prevé que se quedará sin cobrar la deuda y que se tendrá que quedar con el suelo. Pues bien, en este caso, el banco debía apartar 8,5 millones de euros en una provisión, para cubrir las pérdidas que se produzcan cuando tenga que vender el solar (nadie espera que pueda venderlo al precio que pagó el promotor). En el caso de activos problemáticos correspondientes a promociones en curso, la provisión llegaba al 65% y en el caso de las viviendas ya terminadas al 35%.

Por su parte, los activos inmobiliarios no problemáticos prácticamente no tenían provisión (era del 7%). El Gobierno entendía que si hasta ahora se habían ido pagando los créditos, esto no tenía por qué cambiar. El problema es que seguía habiendo dudas sobre estos activos y el Gobierno ha tenido que cortar por lo sano e incluir provisiones para ellos también. De esta manera, la media pasará del 7 al 30% (el suelo, por ejemplo, tendrá un 52% y la vivienda terminada un 14%). El coste para los bancos será de 28.000-30.000 millones extra, en forma de provisiones contra resultados, lo cual hará que muchas entidades puedan registrar pérdidas este año.

Banco de España y Frob

Las entidades tendrán que presentar sus planes de cumplimiento de las nuevas obligaciones antes del 11 de junio ante el Banco de España. El organismo regulador valorará los planes y podrá pedir nuevas medidas, entre las que podría estar la intervención del Frob. Se supone que antes del 31 de diciembre de 2012, todas las provisiones tendrían que estar hechas y el sistema financiero español, por fin, saneado.

¿Y qué pasa con los bancos que no tengan dinero para cumplir con las provisiones extra que pide el Gobierno? Ésta es la pregunta clave. Según lo exigido en febrero, el sistema financiero en su conjunto tenía que apartar este año 54.000 millones. Lo aprobado este viernes implica 30.000 millones de euros más. No será sencillo para las entidades conseguir esos 84.000 millones en un solo año.

En este punto entra el Frob (que es como decir el Banco de España), prestando dinero a los bancos para que puedan llegar al nivel de provisiones requerido. Lo hará en forma de entrada en el capital o a través de los Bonos Convertible Contingentes, los famosos CoCos. Con la primera alternativa, se produciría una nacionalización parcial de facto de los bancos (con el objetivo de que el Estado, una vez saneada la entidad, venda esta participación y recupere su dinero)

Por su parte, los CoCos son préstamos a cinco años al 10% de interés que podrían convertirse en capital de las entidades en el caso de que éstas no puedan afrontar su pago (es decir, como ha pasado con BFA-Bankia esta semana, se nacionalizaría en parte la entidad). Según De Guindos, el Frob tendrá que poner en esta ocasión menos dinero del que puso con la reforma financiera de Elena Salgado: unos 15.000 millones de euros.

El ministro ha querido dejar claro que ninguna de estas dos opciones implica pérdidas para el erario público. En el caso de las acciones, la intención es vender en menos de tres años (el máximo que marca la ley); en el caso de los CoCos, el interés que se cobra es el doble de lo que le cuesta al Estado financiarse a ese plazo. Todo esto está muy bien en la teoría, pero si luego el banco no puede devolver el crédito o el Estado no consigue vender la entidad con un margen, su rescate sí que le costará dinero al contribuyente.

Los bancos malos

De todo lo presentado este viernes, lo que más ha dado que hablar en las últimas semanas son las Sociedades de Gestión de Activos (SGA), los famosos bancos malos. Las entidades estarán obligadas a traspasar antes de que acabe 2012 sus activos inmobiliarios adjudicados a otras sociedades especializadas en gestionarlos, según ha confirmado de Guindos. El precio de transferencia será el valor en libros, descontado las provisiones (en el ejemplo anterior, el solar pasará a la SGA a un precio de 1,5 millones).

El Gobierno insistía en las últimas semanas en que los bancos decidirían si traspasaban sus activos inmobiliarios, pero finalmente será obligatorio. ¿Qué se consigue con esta medida? Para empezar, que los bancos puedan dedicarse a su negocio, que es prestar dinero. Se supone que cuando ya tengan fuera de balance los activos inmobiliarios y hayan hecho las provisiones correspondientes, tendrán vía libre para reanudar las líneas de crédito. Podríamos decir que ya no tendrán nada que perder: ya habrán desnudado sus cuentas, así que la incertidumbre que rodea al sector se acabará.

Una vez que las SGA tengan los activos inmobiliarios, se supone que los empezarán a sacar al mercado. Como ya están contabilizados a un precio real, no habrá ningún motivo para que los mantengan paralizados. Esto debería reanimar el mercado de la vivienda y rebajar los precios.

En el caso de las entidades con ayudas públicas, tendrán dos obligaciones adicionales: vender un 5% de la cartera de activos cada año y realizar la desinversión de su SGA en un plazo máximo de 3 años. Esto quiere decir que en ese período de tiempo tendrán que conseguir inversores que compren una mayoría del capital de la nueva sociedad, para desligarla por completo del balance del banco.

Auditores independientes

Por último, el Gobierno ha tomado una medida con la que intenta acabar con todas las dudas sobre el sistema financiero español. Solicitará dos evaluaciones de expertos independientes, que valorarán toda la cartera de activos de las entidades (no sólo los del sector inmobiliario).

Desde la UE se había pedido con insistencia que se acometiera esta valoración y De Guindos ha doblado la apuesta: no serán uno, sino dos, los expertos internacionales que digan cómo de sanos están los bancos españoles. Además, la UE exigía que en este examen entrasen sólo los activos inmobiliarios y el Gobierno ha decidido que sean todos los activos en el balance de los bancos. En Economía están convencidos de que con estos datos sobre la mesa (se conocerán en 3 ó 4 meses) todas las especulaciones sobre la salud financiera española se acabarán.

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