La reforma financiera que este viernes ha presentado Luis de Guindos no ha sido el primer intento de sanear el sector bancario español (de hecho, es el cuarto plan en tres años), pero esperamos que sea el último.
Nadie conoce con exactitud a cuánto ascienden las pérdidas provocadas por la exposición al ladrillo de bancos y, sobre todo, cajas. La explosión de la burbuja inmobiliaria dejó los balances de las entidades repletos de activos sobrevalorados. Algunas sabían que si declaraban las pérdidas que habían sufrido por la depreciación de suelos, promociones y viviendas, su situación se debilitaría, hasta llevarlas al límite de la bancarrota.
Por eso, su único objetivo durante estos últimos años ha sido sobrevivir. Para conseguirlo, han recurrido a todo tipo de estratagemas, como refinanciar una vez tras otra a promotores y constructores que sabían que eran potencialmente insolventes o apuntar en sus balances los activos adjudicados al precio original, como si el solar o la promoción de viviendas por los que dieron un crédito hace siete años no se hubiese depreciado.
Esto ha provocado un efecto dominó de nefastas consecuencias. Para empezar, la desconfianza se ha diseminado por todo el sistema financiero, infectando a entidades plenamente solventes. Por otro lado, se ha producido una completa congelación del crédito, puesto que gran parte de su balance sigue ocupado por el maldito ladrillo. Por último, ha añadido presión en las cuentas públicas, puesto que los inversores suponen que el Estado tendrá que poner mucho dinero rescatando entidades.
En este escenario, lo presentado este viernes por Luis de Guindos es un paso en la buena dirección que podría ser definitivo. El plan es coherente y establece la transparencia como principio director de la reforma. Los bancos tendrán que aumentar las provisiones en 30.000 millones y poner a un lado (en las Sociedades de Gestión de nueva creación) los activos del ladrillo; además, expertos internacionales independientes valorarán los balances de todas las entidades para disipar cualquier duda sobre su salud.
Para las entidades, será muy complicado cumplir con las exigencias del Gobierno. Incluso, es muy probable que varias tengan que pedir ayuda pública. De Guindos está convencido de que este proceso de saneamiento se podrá realizar sin que le cueste un euro al contribuyente. Su cálculo es que el Frob tendrá que poner otros 15.000 millones; estas inyecciones de capital se realizarán en forma de préstamos a un interés superior al que le cuesta endeudarse al Estado o entrando en el accionariado de las entidades. En ambos casos, la intención es recuperar todo el dinero público comprometido. Que se cumpla este objetivo marcará buena parte del éxito del plan. Nadie entendería que se utilizaran las subidas de impuestos aprobadas en los últimos meses para pagar la imprudencia de unos pocos gestores irresponsables.
El diagnóstico del Gobierno, tanto en cifras como en resultados, es optimista, pero no descabellado. Después de cuatro años de saneamientos y provisiones, el sistema financiero español está cerca de haber completado su particular odisea. Este proceso de limpieza se conjugará con una búsqueda de la transparencia que pondrá más luz en los balances de las entidades, separando el grano de la paja, lo que favorecerá a los más solventes y generará más confianza, interna y externa. Ése debería haber sido el camino desde el principio; se han perdido cinco años, pero puede que todavía no sea tarde.