Llegó el día D de las comunidades autónomas. Hasta el último minuto, el Ministerio de Hacienda estuvo negociado con sus gobiernos, revisando partida por partida, contemplando los diferentes escenarios. Cristóbal Montoro, que ya ocupó esta misma cartera durante los años 2000-2004 y logró no dejar ni una sola factura en los cajones, no se ha cansado de repetir una y otra vez que el reequilibrio del déficit público no es una opción, sino una obligación. Hay que bajar al 1,5% para el año en curso y si las regiones se muestran incapaces de hacerlo, entonces tomará el control el Estado.
Si algo lamenta el ministro, y por ende también el presidente, es el día que el anterior Ejecutivo decidió permitir a las comunidades incumplir la regla del déficit cero -diseñada por José María Aznar- abriendo así "el camino a los infiernos". "Ahí empezó la falta de credibilidad en España, que después se constató cuando Zapatero no dudó en mentir a la Unión Europea", expone un miembro del gabinete. La media de las regiones es de un 2,94% de déficit, si bien las hay que tienen índices de vértigo como Castilla-La Mancha (7,3%) o Extremadura (rozando el 5%).
En el sprint final muchas comunidades se pusieron manos a la obra, en opinión del Gobierno, que agradece el esfuerzo. Muchos Ejecutivos anunciaron una segunda fase de sus planes de ajuste (como las Islas Baleares o Murcia) y otros, por primera vez e incumpliendo promesas electorales, empezaron a abrir los cajones (como es el caso de Andalucía).
"Aplicaremos la Ley de Estabilidad con todo el rigor", advirtió Montoro, que este jueves se sentará con las diecisiete comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El Gobierno central está siendo "muy exigente" hasta el punto de solemnizar que "el que no esté, no está pero va a estar". El ministro mantiene abiertas todas las posibilidades a escasas horas de la cita, bajo la teoría de que se están haciendo "esfuerzos muy importantes que se han de tener en cuenta" pero, pese ello, "algunas CCAA podrían no llegar o, al menos, no queda claro cómo van a conseguirlo".
Uno de los temores del Ejecutivo es que sobre el papel todos los gobiernos aseguren que están en disposición de no sobrepasar la línea roja del 1,5% pero no en la práctica. Existen en Hacienda serias dudas de que sea así. "No podemos permitirnos fallar porque si Bruselas entiende que se le está engañando o que no estamos haciendo las cosas bien adrede será muy difícil que vuelvan a confiar en nosotros", interpretan en Moncloa.
Este jueves, habrá una primera criba. A primeros de semana varias comunidades estaban en el cesto de las incumplidoras, tanto de color azul (principalmente Comunidad Valenciana, seguida de Murcia e, incluso, Castilla-La Mancha) como rojo (Andalucía y, aunque finalmente parece resuelto, País Vasco). El Principado de Asturias, pese al último movimiento político, es centro de todas las miradas y la tutela estatal parece a priori inevitable. En los contactos que se han mantenido, el Gobierno nunca ha cerrado la puerta a la intervención voluntaria, que ahorraría todo un desagradable proceso que podría llevar a un clima de gran incertidumbre. Así se le dijo a Alberto Fabra, presidente valenciano y muy próximo a Mariano Rajoy.
Una vez Hacienda exponga quiénes pasan el filtro y quiénes no, se les dará a las comunidades una última posibilidad de cumplir, emplazándolas a un nuevo Consejo para la última semana del presente mes. Entonces, las cuentas presentadas serán las tenidas en cuenta por Montoro para proceder, o no, a la intrusión.
El problema, insisten las fuentes consultadas, es que está resultando muy difícil cotejar algunas partidas, por ejemplo en el caso de Andalucía. "Con franqueza, no nos fiamos", dicen. Pero la Ley contempla esta posibilidad, que pasa por enviar una comisión de expertos de Hacienda para auditar los balances autonómicos. "Levantar las alfombras", cosa que en la Junta andaluza "no se ha hecho a consecuencia del resultado electoral".
Capítulo aparte cabe dedicar a Cataluña. El Gobierno es de la idea de que las cuentas de Artur Mas no pueden ser controladas por el Estado, habida cuenta del durísimo choque de trenes que se podría producir. Sea como fuere, aseguran que con el último tijeretazo, las cosas empiezan a cuadrar.
"La reunión supone una oportunidad formidable para clarificar dónde está España y hacia dónde puede y debe llegar", asegura Montoro. El presidente se sabe centro de todas las miradas, principalmente provenientes de Bruselas. De hecho, por varias vías -formales y extraoficiales- se le ha hecho llegar la convicción de que hasta que no meta en cintura a las regiones patrias, la UE no cederá la presión. En privado, Rajoy admite que son las CCAA las grandes culpables del desastre económico, y de ahí que, hasta la fecha, haya promulgado que no le temblará el pulso a la hora de hacerles cumplir "como todas las demás administraciones".