La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrada ayer ha servido para demostrar que el gobierno comienza a tomarse en serio el control de las cuentas públicas autonómicas.
Con varias autonomías en el punto de mira del Ministerio de Hacienda por sus incumplimientos reiterados y la pésima evolución de su calidad crediticia, la sesión se saldó con un requerimiento formal al nuevo ejecutivo autonómico asturiano, que habrá de recortar sensiblemente sus presupuestos y presentar un nuevo plan dentro de quince días, y también al gobierno andaluz, de cuyo cumplimiento del objetivo de déficit cabe albergar también serias dudas a pesar de los primeros recortes de gasto introducidos por la coalición de izquierdas actualmente en el poder.
Ahora bien, no podemos perder de vista que se trata simplemente de los documentos elaborados por las propias autonomías en torno a la previsión de gastos e ingresos para este año y que ambas partidas pueden variar sensiblemente en los más de seis meses que quedan hasta el cierre del ejercicio. Este factor de provisionalidad en las cuentas de las autonomías, de cara al cumplimiento del objetivo de déficit situado en el 1,5% del PIB, ha sido tenido muy en cuenta por el ministro Montoro, que ya ha avisado de la intención de su departamento de vigilar estrechamente el desarrollo de estos planes de reestructuración financiera presentados por los responsables económicos de los distintos gobiernos regionales.
Actuar de otra manera sería una irresponsabilidad por parte del gobierno, ahora que toda la atención de inversores e instituciones internacionales está centrada en su capacidad de control sobre diecisiete ejecutivos indisciplinados, cuya disparatada política de gasto a lo largo de todos estos años ha sido la principal culpable del drama que vive el país. Por eso el gobierno de Mariano Rajoy no puede salvar el expediente simplemente aprobando planes financieros cuya ejecución depende precisamente de los políticos que más se han caracterizado por incumplir compromisos anteriores. Es necesario que se ponga en marcha esa política de fiscalización continua de las cuentas autonómicas anunciada por Montoro y que, además, se actúe con contundencia, interviniendo directamente a las comunidades irresponsables en caso de que se produzcan las consabidas desviaciones tan comunes en la etapa de Zapatero, comenzando por las de su propio gobierno, como quedó de manifiesto a finales del año pasado.
La reducción de los presupuestos autonómicos en 18.000 millones, de los que 13.000 corresponden a disminuciones de partidas de gasto y 5.000 a un aumento de los ingresos fiscales previstos, es, qué duda cabe, una buena noticia para nuestra maltrecha economía. Es también lo menos que cabía esperar de un ejecutivo que se ha confesado incapaz de poner solución al despropósito autonómico centralizando las competencias troncales de la administración pública, lo que habría hecho innecesario el castigo fiscal impuesto a los contribuyentes para cumplir con lo exigido por las autoridades europeas. Ahora tiene la obligación de que las comunidades ejecuten a rajatabla las medidas proyectadas en los planes que ayer fueron validados en el Ministerio de Hacienda. España se juega demasiado y ya no puede permitir ni un minuto más las tradicionales imprudencias de nuestra negligente casta autonómica.