"Ladrillo", ésta palabra es a menudo utilizada por los españoles para referirse a la locura inmobiliaria que comenzó en el año 2000. Un frenesí que ha conducido al país a construir, en pleno apogeo del boom, más viviendas que Alemania, Francia y Gran Bretaña juntas. Una bomba de ilusiones que erigió el país como modelo de crecimiento en toda Europa antes de convertirse en una crisis sin precedentes: la explosión del déficit público, el inexorable aumento del desempleo y una profunda conmoción en el sector bancario.
De este modo resume la crisis nacional el diario económico galo Les Echos. Y es que, un atento estudio del impuesto sobre la renta en España durante los últimos diez años nos enfrenta con una escalofriante realidad: en 2009, las administraciones públicas han recudado 144.000 millones de euros de impuestos frente a los 200.000 de 2007, el año del pico del boom inmobiliario. Una diferencia de 56.000 millones de euros en tan solo dos años. No es de extrañar, por tanto, que España haya pasado de un superávit presupuestario de 1,9% de PIB en 2007 a un déficit del 11,1% en 2009.
De los 56.000 millones de euros evaporados, 25.000 millones están ligados al chute del sector inmobiliario proveniente de diversos impuestos relacionados con la transacción de viviendas. Según los cálculos del profesor Michele Boldruin, el "error" radica en haber financiado gastos estructurales, como sanidad y educación, con ingresos meramente coyunturales, como los relacionados con el mercado inmobiliario. Sin estos ingresos, "que no volverán jamás", las CCAA están obligadas a meter un hachazo en educación y sanidad para reducir su déficit público del 3% de PIB en 2011 al 1,5% en 2012.
El mismo efecto devastador de la crisis inmobiliaria es observable en el mercado laboral español. Tan sólo en dos años, entre 2007 y 2009, la tasa del paro ha aumentado diez puntos porcentuales, pasando del 8,3% a 18%. El anterior presidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, admitió que el 70% del aumento del desempleo observado después de 2008 se podría atribuir a la burbuja inmobiliaria.
La explosión de la burbuja ha sacudido, finalmente, al sector bancario. Si la máquina inmobiliaria ha podido funcionar de pleno durante años es porque ha estado alimentada por miles de millones de euros prestados sin freno por el sector bancario, sobre todo, por las cajas de ahorros.
Sin embargo, la irrupción de la crisis financiera mundial en 2008 cerró el grifo de liquidez. Por tanto, los constructores y promotores han quebrado, han dejado de pagar sus préstamos y han entregado a los bancos los avales aportados (suelo, promociones y viviendas). De ahí que los bancos españoles cuenten a día de hoy con cerca de 184.000 millones de euros en activos inmobiliarios problemáticos, de los que ni siquiera se sabe cuánto se han depreciado -un 50% o más, afirma el diario-.
He ahí el porqué de la nueva reforma bancaria anunciada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Tras tres años centrados en tratar de fusionar entidades en problemas, España tenía que cambiar de estrategia, añade el rotativo. La exigencia de nuevas provisiones ligadas al sector inmobiliario hará que muchas entidades entren en pérdidas, lo que conducirá inexorablemente a una nueva recapitalización del sector bancario.
El diario galo concluye, así, que España aún no ha terminado de digerir la factura del "ladrillo". Ya está previsto que la deuda pública española dé un salto de 10 puntos de porcentaje este año, pasando del 68,5% de PIB a finales de 2011 a un 79,8% en 2012. Por desgracia, en España, que había logrado reducir el nivel de deuda pública a la mitad entre 1997 y 2007 -hasta el 35% del PIB-, los diez años de burbuja inmobiliaria han provocado que el país vuelva al punto de partida.