quién paga los impuestos

El ajuste de la crisis recae en los bolsillos de los asalariados españoles

Mientras se desploman los ingresos por Sociedades y Transmisiones, el IRPF y el IVA mantienen las finanzas públicas.

Este miércoles, Cristóbal Montoro realizó unas declaraciones que no se contarán entre las más afortunadas de su vida política. En unas jornadas sobre presupuestos, el ministro de Hacienda aseguró que "el nivel de presión fiscal en España es realmente absurdo". Evidentemente, las reacciones en la red no se hicieron esperar: los foros hervían de comentarios de ciudadanos indignados que le recordaban al jienense los impuestos que cada mes pagaban a la hacienda pública.

Técnicamente, Montoro tenía razón. El nivel de presión fiscal en España es relativamente bajo en comparación con los países de su entorno. Mientras en los países escandinavos o en Francia esta ratio está por encima del 45% del PIB, en nuestro país no pasa del 35%. Evidentemente, en la calle no se tiene la sensación, precisamente, de pagar poco impuestos, sino todo lo contrario.

Para empezar, habría que recordar al ministro de Hacienda que la presión fiscal no es el único indicador para saber si los impuestos de un país son altos o bajos. Por ejemplo: imaginemos que en Suecia o España hubiese un IRPF con sólo tramo máximo del 45% de los ingresos a partir de los 100.000 euros. El tributo sería igual en ambos países, pero en Suecia se recaudaría mucho más porque allí hay muchos más ciudadanos con altos ingresos. Por eso, algunos especialistas prefieren el término esfuerzo fiscal, que pondera los impuestos pagados en función de la renta per cápita. Como demuestra el estudio del Instituto Juan de Mariana publicado el pasado enero, el esfuerzo fiscal de los españoles es uno de los más elevados de Europa.

"Mal distribuida"

Sin embargo, más allá de la discusión de si en España se cobran muchos o pocos impuestos en total, quizás lo más interesantes sea estudiar qué tributos pagan exactamente los ciudadanos. Porque, como explicaba la semana pasada Michele Boldrin, experto en temas fiscales y profesor de la Washington University de San Luis, "el problema no es que la presión fiscal en España sea particularmente alta, sino que está mal distribuida". Por eso, pueden convivir las declaraciones del ministro de un nivel comparativamente bajo de impuestos con una percepción generalizada en sentido contrario.

El año pasado, el total de los ingresos tributarios de las administraciones públicas se situó en los 161,8 millones de euros distribuidos de la siguiente manera:

  • 69.803 millones de IRPF
  • 49.301 millones de IVA
  • 18.893 millones de Impuestos Especiales (alcohol, hidrocarburos, tabaco, electricidad,...)
  • 16.610 millones de Impuesto de Sociedades (IS)
  • 6.412 millones del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y de Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD)

Todo el peso en las nóminas

Sólo con echar un rápido vistazo a las anteriores cifras ya pueden sacarse algunas conclusiones. Lo más destacado es el peso del IRPF en los ingresos públicos. Aunque este tributo siempre ha sido el que más ingresos ha generado para Hacienda, ahora su importancia se ha incrementado. Tanto el IS (de 44.823 a 16.600 millones) como el ITP-AJD (de 18.295 a 6.412 millones) se han desplomado desde 2007, cuando comenzó la crisis. Mientras, el IRPF y el IVA han caído sólo ligeramente, en gran parte debido a los aumentos aprobados por los gobiernos socialista y popular.

La imagen que queda a los ciudadanos es la de un sistema fiscal injusto, en el que los que tienen nómina cargan con gran parte del ajuste de las cuentas públicas exigido por la crisis. No es que el IRPF lo paguen sólo los asalariados, pero está claro que éste es el grupo más controlado, el que menos capacidad tiene de maximizar su operativa fiscal y el que más aporta en este tributo.

Todo esto se ha visto acentuado desde 2007: en ese año, el peso del IRPF en el conjunto de los ingresos tributarios era del 36,2%, mientras que ahora ha llegado al 43,2%. Y las rentas del trabajo, que suponían poco más del 70% del tributo, ahora están por encima del 85%.

Pésimos incentivos

Si fuera sólo una cuestión de pagar más durante unos años (como defiende el Gobierno) o de apretarse el cinturón durante la crisis, sería ésta una medicina difícil de tragar, pero inevitable. El problema es que un sistema tributario en el que las nóminas de los trabajadores tienen este desmesurado peso genera unos pésimos incentivos que se reflejan en el conjunto de la economía.

Una cuestión de la que pocas veces se habla es de los costes laborales de los trabajadores españoles. Son muy elevados en comparación con los de sus colegas comunitarios. En esto no sólo tiene culpa el IRPF, evidentemente, pero es un lastre más al que se suman las cotizaciones a la Seguridad Social, al paro, a Fogasa, etc...

Cuando una compañía decide si contrata a un nuevo empleado piensa en cuanto le cuesta. En España, al dinero que llega a la cuenta bancaria del trabajador, hay que sumarle muchos otros conceptos que en ocasiones casi doblan esa cantidad:

  • retenciones del IRPF
  • cotizaciones a la Seguridad Social (4,7% a cuenta del trabajador y 23,60 a costa del empresario en el régimen general)
  • cotizaciones de desempleo (1,55% y 5,5 respectivamente)
  • cotizaciones por formación profesional (0,1 y 0,6%)
  • cotizaciones de Fogasa (0,2%)

Muchos trabajadores pensarán que cobran muy poco y muchos empresarios pensarán que sus empleados les salen carísimos.

El profesor Boldrin lo explicaba así: "Cuando tienes una enorme carga fiscal sobre el trabajo, estás creando una distorsión fundamental. Es ridículo pensar que los que ganan 75.000 euros son ricos. No lo son, son sólo buenos profesionales. Pero es que con este sistema impositivo, traer buenos profesionales a España cuesta una vez y media más que en Suiza".

Elusión y caos fiscal

El sistema tributario español no sólo muestra sus carencias en lo que hace referencia al IRPF. En el Impuesto de Sociedades, por ejemplo, casi podría decirse que la norma es la complicación, lo que favorece que algunos se aprovechen de los recovecos legales, mientras otros pagan la parte del león.

De esta manera, el tipo general del 30% (se queda en el 25% para las pymes), pero el tipo efectivo apenas llega al 18%. Esto es así porque hay una cantidad enorme de deducciones y bonificaciones a las que se acogen aquellos que tienen la suerte de poder hacerlo o que pueden manejar legalmente sus cuentas para conseguirlo. Es la peor de las combinaciones, porque por una parte se recauda poco y por otra España aparece en las informaciones como uno de los peores países en cuanto a la tributación empresarial. En este sentido, Boldrin hace una propuesta verdaderamente novedosa: "Yo quitaría el IS y tasaría el capital en la misma proporción que el trabajo en el IRPF. Una vez que la renta se transforma en riqueza es cuando hay que ponerle impuestos".

A este fenómeno se une el de la elusión fiscal. Cuando se habla de Sicav, paraísos o altos patrimonios que pagan pocos impuestos se suelen asociar estas conductas al fraude. Sin embargo, casi nunca estas actitudes son ilegales. Lo cierto es que la complicación del sistema tributario español provoca que aquellos con suficientes conocimientos o recursos puedan maximizar sus pagos (lo que no tiene por qué estar mal), mientras el conjunto de los ciudadanos se ve atado de pies y manos.

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