La recuperación de la solvencia de nuestro país en la escena internacional ha de comenzar por la asunción de responsabilidades de su clase política y la aclaración, hasta las últimas consecuencias, de los procesos que nos han llevado a la desastrosa situación actual.
España es una nación con un banco central cuyo gobernador ha hecho durante años dejación expresa de su obligación supervisora sobre el sistema financiero, un Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial cuyo presidente está en entredicho por los gastos suntuarios de sus estancias de lujo en la costa, una clase política autonómica que ha provocado la ruina tanto de sus propias cuentas como de las entidades financieras a su cargo, un presidente de una comunidad autónoma procesado por corrupción y un familiar directo del Jefe del Estado en la misma situación judicial, sobre el que pesan graves acusaciones que podrían llegar a implicar directamente a la Corona.
En ninguno de estos casos los españoles hemos recibido cumplida cuenta del alcance de estos auténticos escándalos que tan poco dicen de nuestra condición de país fiable, también en el terreno económico, porque la clase política reserva a los contribuyentes únicamente el papel de financiadores de sus desmanes a través de una presión fiscal cada vez más desbocada, que entorpece la recuperación del país, tal y como acertadamente denunciaba el Partido Popular cuando aún no había llegado al poder.
El caso del inefable Miguel Angel Fernández Ordóñez, todavía gobernador del Banco de España, es tal vez el más representativo de este autismo político que embarga al Gobierno, dispuesto a hurtar a la opinión pública las causas, los responsables y las consecuencias del desastre sin paliativos en que se ha convertido nuestro sistema financiero, "el mejor del mundo" según decía el interfecto para ayudar a su jefe de filas a ganar las elecciones de 2008.
Por supuesto que MAFO tiene que comparecer en una comisión de investigación del Congreso, y con él todos los responsables de las cajas de ahorros arruinadas por su gestión que ahora hay que rescatar poniendo en riesgo la supervivencia de nuestra soberanía nacional en el terreno financiero. Al margen de consecuencias ulteriores que habrán de dilucidarse en otro ámbito distinto del parlamentario, es imperativo que la casta política ofrezca abundantes explicaciones sobre sus manejos en los últimos años en la sede de la soberanía popular.
De nada vale sortear los escollos que los mercados y las instituciones europeas ponen de manifiesto a diario si no hay voluntad de esclarecer las actuaciones políticas y administrativas que nos han llevado a la situación actual. El gobierno debería imponerse esta tarea de manera prioritaria, porque de lo que se trata ahora no es sólo de realizar complicados ajustes contables para mejorar unas proyecciones macroeconómicas deprimentes, sino de recuperar la imagen de seriedad y solvencia que España necesita para poder superar la grave prueba a la que se enfrenta en estos momentos.
Tras una semana preñada de turbulencias de todo tipo, el Consejo de Ministros tiene la ocasión hoy viernes de comenzar a dar muestras sinceras de que ha entendido cuál es en estos momentos su principal responsabilidad. Rajoy y su Gobierno no deberían desaprovecharla.