Este lunes, Juan Rosell, presidente de CEOE, denunciaba la "excesiva burocratización" de la normativa económica española. El líder empresarial ponía cifras a su denuncia: "Más de 100.000 leyes, decretos, reglamentos y disposiciones en vigor; más de un millón de páginas en los boletines de las comunidades autónomas y los ayuntamientos; y 22.000 organismos públicos".
Con este maremágnum de entidades, políticos y leyes cruzadas, no es extraño que España ocupe año tras año los últimos lugares de Europa en las clasificaciones de facilidad para hacer negocios o abrir una empresa. De hecho, son ya muchos los expertos que en los últimos años alertan sobre el peligro que todo esto tiene para el comercio y la competitividad. Un conocido empresario alertaba ayer a Libre Mercado, tras la Asamblea de la CEOE, de que "ya se puede hablar de ruptura de unidad de mercado por la proliferación de normativa entre el Estado y las comunidades autónomas". En su opinión, es imprescindible que las administraciones se sienten "y negocien una legislación simplificada y fácil para todos".
Este martes, en el Congreso, UPyD va a presentar una Proposición No de Ley con el objetivo de encargar al Ministerio de Economía que realice en seis meses una lista completa de todas las regulaciones autonómicas en materia económica, con el objetivo de unificar todo ese marasmo legal y conseguir que la unidad de mercado en España sea realmente efectiva y que los empresarios no tengan que hacer un máster legal cada vez que quieran hacer cualquier trámite en su negocio. Todavía no hay posición oficial de PP y PSOE al respecto.
Según UPyD, la excesiva regulación autonómica lastra "la competitividad del país". Para remediarlo, la formación abogará por la creación de un "Catálogo de las regulaciones administrativas de carácter económico de las Comunidades Autónomas" en el que se recojan todas las normativas autonómicas referidas a cualquier materia que tenga incidencia económica.
A juicio del partido magenta, todo este embrollo burocrático al que tan aficionados son nuestros políticos "puede conducir a reducir la eficiencia y generar barreras a la entrada en los mercados, en beneficio de las empresas ya instaladas y en detrimento de la competitividad". Por eso, en su exposición de motivos, el grupo recuerda que son varias las organizaciones internacionales que han alertado sobre los efectos negativos de las regulaciones administrativas de carácter económico, en especial cuando son "excesivas, superpuestas y acumulativas". Además, existen estudios académicos que certifican que este exceso de legislación "tiene un efecto negativo sobre las ganancias de productividad". Así, pese a que el Estado ha propiciado la desregulación, en las Comunidades Autónomas se ha registrado "una auténtica proliferación normativa que se traduce en la existencia de varios miles de normas publicadas".
Por último, la formación subraya también que la propia Constitución prohíbe a cualquier autoridad adoptar "medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes por todo el territorio español". Por ello, considera "indispensable" abordar el problema generado por la normativa autonómica "en orden a la unidad de mercado nacional" y al movimiento sin trabas de trabajadores, capitales y mercancías dentro de él.