La deducción en el IRPF por compra de vivienda puede tener los días contados. Apenas seis meses después de que el Gobierno de Mariano Rajoy la reviviera (y con efectos retroactivos), la presión de Bruselas puede provocar su desaparición definitiva. Actualmente son 5,8 millones los contribuyentes que ven reducida su cuota en el IRPF. Lo normal es que el cambio sólo afecte a las nuevas compras. Esto querría decir que los que ahora mismo se deducen lo que pagan de hipoteca puedan seguir haciéndolo. El problema es que quizás esto sea poco para la UE, que quiere ver señales claras y rápidas en todo lo que toca a la reducción del déficit público.
Esta desgravación ha sido objeto de varias idas y venidas en los últimos años. En 2009, fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el que la elimina. La medida sólo afectaba a las nuevas compras, no a los que habían adquirido su casa. De hecho, el socialista retrasó su introducción hasta el 31 de diciembre de 2010, con el objetivo de impulsar algo el alicaído mercado inmobiliario. A pesar de que en el último trimestre de aquel año se vivió un pequeño repunte (clásico efecto llamada ante cualquier modificación fiscal), a medio plazo el sector de la construcción continuó en la misma línea que sigue desde 2007.
Tras un año suspendida, Mariano Rajoy la recuperó en su primer Consejo de Ministros. Al mismo tiempo que subía los tramos generales del IRPF, reintroducía la deducción por vivienda, con efectos retroactivos a 1 de enero de 2011 (para que no hubiera un año suelto, lo que habría generado una extraña discriminación). Aunque el PP la tenía en su programa electoral, fue en cierto sentido una sorpresa, porque se aprobó el mismo día en que se subían el resto de impuestos.
Ahora, la presión de Bruselas podría llevar a la desaparición definitiva de esta medida. El sistema fiscal español está en el ojo del huracán. Muchos expertos creen que las rentas del trabajo soportan una carga desaforada, mientras que el consumo está menos penalizado que en el resto de Europa. Además, se critica, por los efectos distorsionadores que tienen, todo el conjunto de deducciones y bonificaciones que rodean a los tributos españoles (tanto el IRPF como Sociedades).
Por eso, en su última carta de recomendaciones, la Comisión Europea pedía la eliminación de esta figura. El Gobierno se negó, entre otras cosas porque sería cambiar, en menos de seis meses, una de sus primeras medidas estrella. Ahora, quedan dos preguntas: ¿se eliminará la desgravación? y ¿afectará a todos los hipotecados o será sólo para las nuevas compras?
Las claves de la decisión
La lógica dice que de eliminarse la deducción, sería sólo para las nuevas compras de viviendas. Hacerlo de otra manera tendría unas consecuencias políticas y sociales muy dolorosas para el Gobierno. La reacción ciudadana sería muy dura, especialmente entre amplios sectores de las bases del PP, Por eso, fuentes del Ministerio de Hacienda recuerdan que la decisión sólo está "en fase de estudio" y que "siempre que se ha hecho algo así, se han respetado los derechos adquiridos".
Igualmente, desde Cuatrecasas, uno de sus expertos fiscales apunta que sería "muy complicado" afectar a los ya hipotecados: "Se entra en una cuestión comprometida. Hasta ahora, siempre se ha establecido un régimen transitorio para mantener los derechos adquiridos. No es sencillo saber qué pasaría con los recursos con los que se encontraría el Gobierno. Siempre se han respetado las expectativas de fiscalidad".
Lo que ocurre es que las urgencias fiscales a las que se enfrenta el Gobierno son absolutamente contrarias a esta lógica. Toda esta polémica sobre nuevas subidas de impuestos ha surgido en el contexto de reducción del déficit. Y el problema es que eliminando la deducción a las nuevas compras apenas tendrá impacto en las cuentas públicas. Los cálculos van de 145 a 232 millones de incremento de la recaudación en el primer año (entre un 0,01 y un 0,02% del PIB); una miseria en términos tributarios. Luego, según fueran pasando los años y se fueran vendiendo más casas con el nuevo sistema, esta cantidad subiría, pero antes de 8-10 años no tendría un efecto apreciable.
Mientras, acabar con la deducción con vivienda con carácter general, si tendría consecuencias rápidas en la recaudación. Según explica el profesor Rafael Pampillón, en 2009, unos 6,3 millones de contribuyentes se acogieron a esta deducción (un 32% de los que presentaron IRPF), pagando algo más de 5.000 millones de euros. Hay que recordar que este beneficio fiscal permite deducirse un 15%, con un límite de 9.040 euros. En total, puede llegar a ahorrarse unos 1.350 euros. Normalmente, ésta es la diferencia entre una declaración a pagar o a recibir.
Las razones de Bruselas
Como decíamos antes, desde Bruselas, se ha puesto el foco en el sistema tributario español en su conjunto. En el caso de la deducción por vivienda, es una medida que incentiva la compra de viviendas frente al alquiler, lo que perjudica la movilidad laboral y ayuda a la creación de burbujas en el ladrillo. Además, es regresiva, porque normalmente sólo las rentas más altas pueden alcanzar el máximo de deducción. Y, por último, ni siquiera tiene todo el efecto de ahorro sobre el contribuyente, porque los estudios dicen que este tipo de ayudas fiscales tiene repercusión sobre el precio, con lo que acaban siendo las promotoras las principales beneficiadas.
En general, la interpretación de los expertos y de las autoridades comunitarias es que la tributación al trabajo es muy elevada (IRPF y cotizaciones); los principales tributos directos son complejos y llenos de excepciones (IRPF, Sociedades), lo que genera injusticias; por último, los impuestos directos, los que menos distorsionan la actividad económica, son muy bajos en comparación con Europa. El conjunto es un modelo fiscal que necesita ser reformado en su totalidad, bajando algunos tributos, subiendo otros y simplificando la mayoría.
Lo que ocurre es que las urgencias recaudatorias del Gobierno pueden provocar que sólo haga caso a las recomendaciones de subidas. Bruselas ha exigido al Ejecutivo una consolidación inmediata de las cuentas públicas. Y 145 millones al año pueden parecer poco. Los hipotecados españoles aguantan la respiración. Sería muy complicado cambiar una norma como ésta con efectos retroactivos. Pero en momentos como éste, cualquier cosa es posible.