El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha detectado a lo largo del primer semestre del año hasta 4.500 casos de fraude relacionados con personas que cobraban la prestación por desempleo pese a contar con un trabajo, según ha desvelado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que se ha aprobado la remisión del anteproyecto de ley de lucha contra el fraude en el ámbito del empleo irregular irregular y el fraude en la Seguridad Social al Consejo Económico y Social (CES), Sáenz de Santamaría ha precisado que Empleo ha llevado a cabo para ello casi 10.000 inspecciones.
Además, dentro de esta tarea de investigación, el Ministerio dirigido por Fátima Báñez ha llevado a cabo más de 110.000 inspecciones en materia de empleo irregular que se han saldado con casi 40.000 empleos aflorados. Otras 11.051 operaciones para detectar empresas ficticias han derivado en 800 infracciones y la detección de hasta 14.000 contratos falsos.
"Esta es la senda por la que hay que caminar con más y mejores medios", indicó Sáenz de Santamaría, quien justificó así la elaboración del anteproyecto de ley. La nueva norma trata así de "erradicar estas conductas de economía sumergida", porque "cuando se hacen trampas se hace trampas a la sociedad", añadió.
Además, la vicepresidenta del Gobierno destacó también la incorporación de 53 nuevos inspectores de trabajo y de 60 nuevos subinspectores, y la puesta en marcha de diferentes campañas para aflorar empleo irregular.
Control de los ERE de suspensión y reducción de jornada
Este anteproyecto de ley forma parte del plan aprobado el pasado 27 de abril por el Consejo de Ministros y ha sido sometido al trámite de audiencia previa de agentes sociales, sindicatos profesionales y comunidades autónomas.
En relación al contenido presentado en el plan, el Gobierno ha incorporado un seguimiento especial del fraude en los expedientes de regulación de empleo (EREs) de reducción de jornada y de suspensión de empleo.
Funtes del Ministerio de Empleo, indicaron que se trata de atajar casos en los que un empleado tiene que trabajar, por ejemplo, hasta ocho horas cuando el ERE de reducción de jornada limita su horario a seis horas, o aquellos en los que un empleador obliga a sus trabajadores a trabajar en pleno ERE de suspensión. Estos casos se considerarán infracciones muy graves.
Modificación de otras leyes
El anteproyecto modifica la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social en determinados aspectos como disfrutar indebidamente reducciones en las cotizaciones de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, faltas de alta y cotización por los salarios de tramitación y vacaciones devengadas y no disfrutadas o estableciendo criterios más objetivos en la graduación de las sanciones, informa Europa Press.
Además, Empleo considera que es preciso establecer un sistema en virtud del cual sean objeto de mayores sanciones aquellos supuestos de utilización masiva de trabajadores sin alta en Seguridad Social, incluidos los casos en los que sean perceptores de prestaciones por desempleo.
Por otra parte, se suprime el actual límite en las sanciones en materia de Seguridad Social establecido en 187.515 euros, con lo que el Consejo de Ministros podrá sancionar infracciones a partir de 125.001 euros y sin fijar tope máximo en la cuantía de las sanciones.
En cuanto al Estatuto de los Trabajadores, se extiende de uno a tres años el plazo para exigir la responsabilidad solidaria del empresario principal por incumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social en los supuestos de subcontratación.
Respecto a la Ley General de la Seguridad Social, la vigente reducción automática del 50% de las sanciones cuando se ingresen las cuotas de Seguridad Social no pagadas en forma y plazo, sólo podrá aplicarse en el supuesto de que la cuantía de la liquidación supere la sanción propuesta inicialmente para evitar que compense más pagar la sanción que cumplir con la legalidad.
En el marco de la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, destaca la colaboración entre la Inspección y el Consejo General del Notariado para facilitar la investigación para detectar empresas ficticias.
El CES tiene ahora un plazo máximo de 15 días para emitir su informe que. Una vez recibido, el Gobierno remitirá el proyecto de Ley al Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación parlamentaria.