Se anunciará la semana que viene

Las tres patas del nuevo ajuste: paro, pensiones y empleados públicos

El Gobierno estudia reducir el período máximo del paro, congelar las pensiones y nuevas rebajas salariales.

Libre Mercado

Todo listo para poner en marcha el nuevo tijeratazo en el gasto público, un ajuste que podría ascender a 30.000 millones de euros. El Gobierno estudia distintas opciones de ajuste para alcanzar el objetivo de déficit público en 2012, aunque no tomará ninguna decisión hasta mediados de julio, una vez que se haya reunido el martes 10 el Consejo de Ministros de finanzas europeos (Ecofin) que dará recomendaciones a los distintos países miembros.

En este sentido, la presidenta de la Comisión de Economía y Competitividad en el Congreso y diputada del PP, Elvira Rodríguez, ha asegurado este jueves que el presidente del Gobierno desvelará el nuevo plan de ajustes "la semana que viene". Preguntada por si el Consejo de Ministros de mañana podría aprobar ya unas primeras medidas, Rodríguez aclaró los plazos: "Creo que mañana es un poco pronto, pero vamos, será la semana que viene". En su opinión, "es muy probable que lo anuncie (los ajustes y su cuantía) el presidente del Gobierno el día 11 de julio", durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, para su posterior aprobación en el Consejo de Ministros del 13 de julio.

Hasta entonces, según aseguraron a EFE fuentes del Ministerio de Hacienda, se están calculando distintas opciones y posibilidades, sin que se pueda hablar de una cifra concreta o de qué medidas podrían adoptarse. Otras fuentes gubernamentales han recordado que en el Ecofin se verán las recomendaciones por déficit excesivo y la situación presupuestaria española para seguir la adecuada senda fiscal, y en dicha reunión podría posponerse a 2014 la consecución del objetivo de déficit público del 3% del PIB. A día de hoy, lo que está claro es el compromiso del Gobierno de llegar en 2012 al equivalente al 5,3% del PIB como tope máximo de déficit público, para lo que se parte del 8,9% de 2011.

Entre las medidas que estudiará el Ejecutivo en las próximas semanas figuran las recomendaciones de la Comisión Europea para 2012 y 2013, que fueron posteriormente suavizadas por los ministros de Finanzas y respaldadas en la última cumbre de jefes de Estado o de Gobierno. En todo caso, el plan de ajuste por el lado del gasto se centrará en tres capítulos básicos: paro, pensiones y empleados públicos.

1. Prestación de desempleo

Aunque las alternativas que maneja el Ejecutivo son variadas y todavía no existe una decisión firme, según informa elEconomista, en materia de desempleo la fórmula que más gusta sería la de reducir los períodos máximos de cobro de la prestación. En la actualidad, el periodo máximo de cobro del subsidio de paro es de 24 meses y, pese a que no hay plazos definidos, la horquilla que se baraja es rebajar esos dos años a un máximo de 15 ó 18 meses.

De esta forma se conseguiría un ahorro del gasto en prestaciones sin tener que tocar la cuantía de la prestación, alternativa esta última que, aseguran, aún no está definitivamente descartada. Reducir el período máximo de prestación podría suponer un ahorro aproximado de 15.000 millones de euros, casi la mitad del ajuste total que se pretende. Eso sí, siempre y cuando esta fórmula se aplicase a todos los beneficiarios actuales de las prestaciones por desempleo.

Otra de las medidas que se barajan, según fuentes consultadas por Libre Mercado, consistiría en reducir la cuantía de la prestación en caso de que se rechace una oferta laboral, hasta el punto de dejar de cobrar la ayuda si se rechazan varias ofertas. Para ello, el Gobierno podría aplicar una cláusula que ya existe en la legislación laboral, pero que nunca se ha hecho efectiva. La privatización de los servicios del antiguo Inem, permitiendo que las empresas de trabajo temporal se encarguen de la recolocación de parados permitiría, además, agilizar este proceso.

2. Pensiones

Por otro lado, se baraja congelar las pensiones para 2013 y reducir el proceso transitorio que incluye la reforma de las pensiones para empezar a aplicar cuanto antes la nueva edad legal de jubilación -67 años-. De hecho, tampoco se descarta aplicar medidas adicionales, también incluidas en la reforma, como amoldar la edad de jubilación a la esperanza de vida.

3. Reducción de empleados y sueldos

Por otro lado, también se estudia reducir el número de empleados públicos en cerca de 300.000 personas, sobre todo entre las CCAA. La intención es que los despidos se concentren en el grupo de los contratados laborales y, sobre todo, en el sector de las empresas públicas. Además, no se descarta aprobar un nuevo recorte al sueldo de los funcionarios aunque, en principio, no afectaría a su sueldo base sino a los incentivos y complementos salariales.

Más impuestos

Por el lado de los impuestos, ya se ha avanzado que se ampliará la base imponible del IVA elevando la fiscalidad de algunos de los productos y servicios que hasta ahora gozaban de tipos reducidos (pasarían del 4% y el 8% al tipo general del 18%). Bruselas exige además que se elimine la deducción por compra de vivienda en el IRPF, lo cual podría afectar a casi 6 millones de contribuyentes.

Privatizaciones

Por último, el Gobierno sopesa un amplio plan de privatizaciones de activos y empresas públicas con el fin de recaudar hasta 30.000 millones de euros, cuyo ingreso se destinaría a reducir deuda. Entre las empresas que están en la lista de privatizables o, al menos, a las que se daría entrada al capital privado, figuran Renfe, Aena, Puertos del Estado, Cesce y Paradores.

También se incluirán privatizaciones de sociedades y servicios prestados por las comunidades autónomas, como el Canal de Isabel II, de la Comunidad de Madrid. Además de desinversiones en empresas participadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), como IAG (compañía resultante de la fusión de Iberia y British Airways), Ebro Foods o Red Eléctrica Española (REE). Este plan podría incluir también el cierre y/o privatización de televisiones autonómicas.

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