Los empleados públicos hemos sufrido varios recortes desde el inicio de la crisis económica que han llevado a que este colectivo sea el grupo de trabajadores más castigados por la crisis, si exceptuamos los que han perdido el empleo. Desde 2010 hemos sufrido tres congelaciones salariales (2010, 2011 y 2012). Además se nos ha recortado el sueldo dos veces. En mayo de 2010 se nos redujo una media del 5% y hoy, en julio de 2012, se suprime la paga extraordinaria de diciembre lo que supone una reducción de alrededor del 7%. Además, se ha reducido el salario en los casos de incapacidad laboral transitoria. Todo esto supone una pérdida de poder adquisitivo cercana al 30% y serias dificultades para llegar a fin de mes a un gran número ellos. Hablamos de policías, médicos, docentes, personal de juzgados de instituciones penitenciarias, enfermeros, carteros, personal de oficina y atención al público... servidores públicos que todos los días se dejan la piel para mantener el nivel de calidad de los servicios públicos. No podemos consentir que la crisis sirva para desmantelar esos servicios públicos.
Los recortes sufridos no sólo suponen pérdidas salariales, ya que también afectan al conjunto de sus condiciones laborales: se aumentan las cargas de trabajo con su consecuente precarización y desmotivación generalizada, se culpabiliza al colectivo al dirigir sobre ellos una campaña de desprestigio, se coloca en situación social muy complicada para llegar a fin de mes a la gran mayoría y se eliminan la práctica totalidad de los componentes sociales salariales como plan de pensiones, acción social o la reducción de los días de libre disposición.
La reforma laboral con su adicional 2ª permite que el Estado, las Comunidades Autónomas y la Administración Local puedan despedir al personal laboral que accedió a su plaza mediante proceso selectivo. Con el agravante de que van a ser los trabajadores del sector público los que asuman íntegramente las consecuencias del despilfarro y de la mala gestión de los administradores políticos. Una medida que no va aportar las soluciones necesarias en el medio y largo plazo. ¿Con qué y quién va a decidir lo que es y lo que no es necesario? Antes de aplicar estas medidas a los trabajadores del Sector Público se han quedado en el tintero la supresión de muchas actuaciones innecesarias, que son las que nos han puesto en esta situación y que no aportan nada a los ciudadanos.
Y por último ante la actual situación económica que atraviesa nuestro país, unida a la preocupante sensación de inseguridad que los poderes públicos transmiten a la sociedad sobre la viabilidad de los Servicios Públicos, CSI-F, desde la responsabilidad que supone ser sindicato mayoritario en Administraciones, exige y emplaza a los poderes públicos a abrir los foros de negociación y recuperar el dialogo social como elemento fundamental para conseguir un Pacto de Estado para las Administraciones Públicas.
La crisis en la economía española requiere la colaboración de todas las partes implicadas, pero es imprescindible que la Administración ejerza el liderazgo, retomando la negociación para trabajar en la mejora de unos Servicios Públicos, que son el principal instrumento de cohesión, estabilidad y progreso de nuestra sociedad.
Miguel Borra es presidente de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF)