13-VII-2012

El "otoño caliente" que tanto teme Rajoy es evitable

Tras su comparecencia de este miércoles en el Congreso de los Diputados Mariano Rajoy se prepara para "un problema gordo en las calles", que se agudizará a partir de septiembre tras el paréntesis del verano. En el Gobierno y en el Partido Popular se asume como inevitable la agitación social que va a tener lugar tras el discurso del presidente del gobierno, en el que anunció una serie de medidas que perjudican notablemente a las clases medias y trabajadoras de España, con la fuerte subida del Impuesto sobre el Valor Añadido como epítome de la receta del Gobierno para cuadrar unas cuentas públicas que se niega a podar, especialmente en el muy frondoso ramaje autonómico.

Los extraordinariamente bien remunerados asesores del gobierno y el PP deben haber descontado ya la catarata de manifestaciones y protestas con que la sociedad va a responder a esta agresión institucional, que situará la presión fiscal del ciudadano medio en niveles prácticamente confiscatorios, y que la izquierda y los sindicatos mayoritarios sin duda van a aprovechar para sacar una buena tajada en términos de apoyo electoral.

Sin embargo estas oscuras perspectivas que se ciernen en el futuro inmediato hubieran sido perfectamente evitables a poco que el Gobierno hubiera actuado con la contundencia que la sociedad entera reclama en el equilibrio de las cuentas del Estado por la parte de gasto, en lugar de intentar de hacerlo por la vía de los ingresos aumentando todavía más la presión fiscal que ya soportan familias y empresas.

La reducción severa del número de ayuntamientos, la supresión de las diputaciones, el cierre de empresas públicas, el despido de los miles de enchufados que medran en los distintos presupuestos y un severísimo ajuste del dispendio autonómico, habrían servido para que los españoles asumieran su parte del sacrificio en caso de que aún así hubiera resultado inevitable.

En lugar de eso, el gobierno decidió en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado ayer garantizar el endeudamiento de las autonomías, la verdadera gangrena del cuerpo nacional, para que la casta política pueda seguir despilfarrando el dinero que a los ciudadanos se les va a extraer con la supresión de salarios consolidados, caso de los funcionarios, o de la subida de impuestos indirectos que afectarán a toda la sociedad por igual.

Los españoles asisten atónitos a este nuevo enjuague de la clase política para preservar el disparatado despilfarro de unas comunidades autónomas que, sin ir más lejos, disponen a día de hoy de nada menos que 45 canales de televisión –encabezados por los ocho canales de TV pública del País Vasco y los siete de Cataluña– los cuales siguen funcionando a pleno rendimiento más allá de algún recorte puntual anunciado que aún está por concretarse.

A la vista de esta injusticia en el reparto de las cargas que conlleva la actual crisis, el Partido Popular no debería lamentarse por las movilizaciones que sin duda van a tener lugar en los próximos meses, sino actuar con la lealtad que cabe exigirle a un gobierno que no fue elegido precisamente para perpetuar el sistema autonómico que nos está llevando a la ruina.

Los españoles, y en especial los votantes del Partido Popular, se sienten con toda justicia traicionados por un Gobierno que llegó al poder con un recetario para salir de la crisis que comenzó a desvirtuar desde el mismo día de su toma de posesión. Aún así Mariano Rajoy puede todavía evitar ese "otoño caliente" que tanta desazón provoca en las filas de su partido. Sólo tiene que retomar el programa electoral con el que se presentó a las elecciones y comenzar a aplicarlo a partir de este mismo viernes en el Consejo de Ministros. Más fácil imposible.

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