El Gobierno ha aprobado este viernes la primera de las reformas que cambiarán, si se cumplen sus planes y sus promesas, la administración española y el régimen por el que se organizan sus trabajadores. Cristóbal Montoro ha anunciado tras el Consejo de Ministros que se ha aprobado una nueva normativa para asimilar el régimen laboral de los funcionarios con el que disfrutan los trabajadores del sector privado.
El ministro de Hacienda ha asegurado que con este cambio se pide un esfuerzo a los trabajadores de la función pública, a los que ha hecho un guiño, asegurando que su tarea es "todavía más necesaria" en estos momentos. En lo que hace referencia a los funcionarios se introducen "cambios en el régimen de incapacidad temporal, reducción de los días libres, renuncia de la paga extra de diciembre y reducción del número de liberados sindicales".
En la cuestión más polémica, la de la eliminación de la paga extra, Montoro ha recordado que esta medida sólo estará vigente este año y que no se perderá ese dinero, porque en 2015 se complementará el fondo de pensiones de los funcionarios con la cantidad que ahora no se les pague. Además, se reducirán los liberados sindicales y se modificará el régimen de incapacidad laboral transitoria, equiparándolo al régimen general.
Los funcionarios contarán únicamente con tres días de libre disposición tras la decisión del Gobierno de suprimir los llamados canosos y reducir a la mitad los moscosos. "El objetivo es asimilar la función pública con el régimen laboral en términos de actividad", ha señalado Montoro, argumentando que los convenios laborales privados suelen conceder tres jornadas de asuntos propios a los empleados, los mismos de los que dispondrán ahora los funcionarios.
Además, el Gobierno suprime los días adicionales de libre disposición y días adicionales de vacaciones por antigüedad. En el marco del incremento de la productividad y de la prestación del servicio, esta medida permitirá mejorar los servicios públicos que se prestan generando ahorro en el funcionamiento de las estructuras, evitando la contratación de interinos, disminuyendo la realización de horas extraordinarias o de guardias adicionales para cubrir el servicio durante los días de permiso. Hasta ahora, se añadían hasta cuatro días adicionales de vacaciones anuales y se incrementaban los días de libre disposición que tenían los empleados públicos en función de la antigüedad que fueran alcanzando.