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Reducir prestaciones por desempleo

El pasado viernes, día 13 de julio, el Gobierno aprobó un decreto ley de macroajuste presupuestario con importantes medidas entre las que destaca la reducción de las prestaciones por desempleo. Desde entonces, he recibido numerosas invitaciones para transmitir mi opinión sobre esta controvertida medida, instándome a valorar si es positiva o negativa, lo cual procedo a tratar de desarrollar a continuación.

En primer lugar, hay cierta desinformación sobre lo adoptado por el Ejecutivo, por lo tanto, es importante aclarar qué se aprobó exactamente. Respecto a las prestaciones por desempleo contributivas, se reduce del 60% al 50% la reposición a partir del séptimo mes (hasta un máximo de 24 meses) y se mantiene intacta la prestación de los primeros seis meses de paro, que supone el 70% del salario anterior.

Pero también se ven afectadas las llamadas prestaciones por desempleo asistenciales, que son las que cobran los trabajadores con rentas bajas que agotan las prestaciones contributivas o quienes no han cotizado lo suficiente para cobrarlas, cuyo importe es de 426 euros al mes. En este caso, por un lado se elimina el subsidio especial de 6 meses para mayores de 45 años que agoten su prestación contributiva. Por el otro, hasta ahora los mayores de 52 años que reuniesen todos los requisitos, salvo la edad, para acceder a una pensión contributiva tenían derecho a cobrar prestaciones asistenciales hasta que empezaran a percibir su pensión, una edad mínima se eleva hasta 55 años.

Desde un punto de vista puramente científico hay que dejar claro que no hay, o al menos yo no conozco, investigaciones que revelen cuáles son los niveles óptimos de cuantía y duración de las prestaciones por desempleo, aunque sí existen estudios estadísticos que nos revelan algunas pistas.

Trabajos basados en estadísticas oficiales (Muestra Contínua de Vidas Laborales), confirman que el principal efecto laboral de las prestaciones por desempleo es elevar la tasa de paro media. La posibilidad de percibir prestaciones alarga la duración de los periodos de paro, porque reducen el incentivo a buscar y aceptar ofertas de empleo. Es decir, está demostrado empíricamente que la cuantía y la duración de las prestaciones por desempleo son factores que, cuanto más se incrementan, más estimulan la permanencia en el desempleo.

Aunque también existe otra interpretación alternativa que sostiene que el pago de prestaciones permite buscar empleos más adecuados a las capacidades y preferencias del desempleado, ya que sostiene una parte de su renta disponible.

Respecto a la cuantía de las prestaciones, los estudios revelan que en los seis primeros meses una mayor cuantía de las prestaciones contributivas incrementa la tasa de salida del paro; mientras que de 7 a 12 meses no tiene efectos significativos; de 13 a 18 meses reduce esa salida; finalmente, más allá de ese plazo desaparece cualquier efecto. Por otra parte, una mayor cuantía de las prestaciones asistenciales reduce la tasa de salida del paro para cualquier duración.

Estos datos nos llevan a pensar que, en teoría, las medidas del Gobierno reducirían la salida del desempleo de los parados de corto plazo y la elevarían para los parados de larga duración, que son casi la mitad. Respecto a su influencia en nuestras cuentas públicas, no será efectiva hasta enero de 2013, porque se aplicará a partir del séptimo mes sólo a quienes se queden parados a partir de ahora.

De todo ello, no cabe concluir que las prestaciones por desempleo (políticas pasivas de empleo) sean negativas. Se trata de medidas que protegen al trabajador ante el terrible acontecimiento de caer en el desempleo y son un colchón coyuntural ante la súbita reducción de renta que provoca. Pero esto no puede convertirse en una coartada para abusar de esta situación.

Las prestaciones no pueden ser un salario alternativo a cambio de nada, porque entonces se multiplica la picaresca y el fraude. La clave está en construir una relación directa entre políticas pasivas y políticas activas de empleo (reinserción y formación). Es decir, se trata de mantener activo al desempleado, buscando un empleo. El objetivo mollar del conjunto de las políticas de empleo dirigidas al parado debe ser construir un sistema ordenado de ayuda para integrarlo en el mundo del trabajo cuanto antes.

En este sentido, parece que hasta el momento el Gobierno ha actuado en ambas materias con criterios méramente presupuestarios. El Ministerio de Báñez aún no ha reformado las políticas pasivas o las activas, ni tampoco ha establecido con la suficiente decisión una relación directa entre ambas. Las dos han sufrido un recorte y además se sigue limitando, haciendo caso omiso a Bruselas, a las Empresas de Trabajo Temporal (ETTs) su fuerza para casar oferta y demanda, una fuerza que ya han demostrado de forma empírica, así como su conocimiento sobre el mercado de trabajo y su evolución, lo cual va mucho más allá de una simple base de datos más o menos importante.

Además un ejemplo evidente de que las políticas activas y las pasivas van cada una por su lado es que unas dependen de las comunidades autónomas y otras del Gobierno Central, respectivamente. Así las cosas, en este momento, sólo las grandes ETTs que actúan en España podrían coordinar a nivel nacional programas integrados de políticas activas y pasivas.

Por lo tanto, tendríamos que emular a la Alemania de Schröeder y continuar la senda de modernización de nuestro marco laboral en nuevas fases, una de las cuales debería constituir un rediseño integral conjunto de las políticas activas y pasivas, públicas y privadas, del mercado de trabajo. Un conjunto de políticas que tienen que estar en permanente revisión según su eficacia real, para lo cual debe estar sometido a una evaluación contínua.

Hace casi una década, Alemania decidió acometer una rigurosa revisión de su economía, que ahora se nos presenta como un modelo a imitar para otros países europeos obligados a grandes reformas como España, Italia, Portugal o Grecia.

Se llevó a cabo una dolorosa renovación, que no eliminación, del sistema de bienestar y del rígido mercado laboral, lo cual provocó divisiones en el partido de Schröder - el socialdemócrata SPD - y protestas en todo el país. Ahora pueden presumir de una tasa de paro del 6%, de un sector productivo competitivo y de unas cuentas públicas saneadas. 

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