La profunda crisis española no es una mera cuestión de deuda, o mejor dicho, de malas inversiones acometidas al calor de la burbuja crediticia durante los años del boom; también tiene que ver con una compleja estructura regulatoria y fiscal que lastra la productividad, la apertura de empresas, la creación de empleo, la atracción de capital foráneo y, en definitiva, la capacidad de la economía nacional para crecer con fuerza. No en vano el crédito de que goza cualquier agente a la hora de devolver sus deudas depende tanto de lo que debe como de la posibilidad que tenga de generar ingresos suficientes para atender los pagos.
España está aún en pleno proceso de ajuste para depurar los excesos del pasado. Tras casi cinco años de crisis, el sector privado, pese a los obstáculos impuestos por el Estado, está haciendo bien sus deberes. Las familias y las empresas se han apretado el cinturón y están logrando reducir su abultado apalancamiento a costa de duros sacrificios. La liquidación de sectores no rentables, como el inmobiliario y el de la construcción, ha terminado por tumbar a gran parte del sistema financiero, como era previsible hace ya tiempo, pero al menos ahora se reconoce que ese sector tiene un agudo problema de solvencia. El actual Ejecutivo ha optado erróneamente por nacionalizar las entidades inviables con ayuda de la UE a través de un rescate financiero por importe de hasta 100.000 millones de euros; en lugar de sanear el sistema imponiendo pérdidas a accionistas y acreedores de la banca, la factura la ha cargado a los contribuyentes
La vía emprendida agravará aún más el estado de las cuentas públicas y, por tanto, dificultará el urgente y drástico adelgazamiento de la estructura estatal. Este último punto, englobado también en el ámbito de la deuda, está todavía lejos de resolverse, sobre todo si se tiene en cuenta que la vía adoptada por el PP, la subida de impuestos, es del todo ineficaz y contraproducente. Pero incluso en el caso hipotético de que llegara a culminarse, España tendría aún por delante un reto adicional de grandes dimensiones. Y es que, una vez pasada la resaca, ¿cómo volver a crecer para recolocar a los casi seis millones de parados que se registrarán en 2013? Es decir, ¿cómo crear nueva riqueza y empleo? Hoy por hoy, carecemos de las bases necesarias para tal tarea, por tres motivos fundamentales: ausencia de libertad económica, dificultad para hacer negocios y elevada fiscalidad.
Así, en el último índice de libertad económica del prestigioso Fraser Institute, España ocupa el puesto 54 de un total de 141 países analizados, lejos de casi todos los grandes de la UE. Ocupa la posición 94 en tamaño del sector público, la 42 en seguridad jurídica y derechos de propiedad, y la 101 en regulaciones –ámbitos laboral, empresarial y crediticio–. Por otro lado, en el informe Doing Business 2012 del Banco Mundial ocupamos el puesto 44 en facilidad para hacer negocios, a la altura de Ruanda y Túnez. Si esto es ya de por sí negativo, observar algunos subíndices. Un ejemplo: ocupamos la posición 133 (de un total de 183) en facilidades para abrir una empresa. Si a todo ello se le suma el hecho de que padecemos uno de los niveles impositivos más altos de Europa y de la OCDE, resulta evidente que no existen excesivos motivos para el optimismo. La tarea es, simplemente, ingente, y por el momento no hay visos de que el Gobierno –al igual que sucede en lo relacionado con el ajuste del sector público– esté dispuesto a corregir tales deficiencias.