Y reformar las políticas de empleo

El Observatorio Económico de Andalucía defiende eliminar el PER

Esta entidad de análisis denuncia que el subsidio a los agricultores es un "terreno abonado para el fraude y el clientelismo".

Pedro de Tena

El Observatorio Económico de Andalucía propugna la eliminación del programa de fomento del empleo agrario (antiguo PER) y una reforma en profundidad de las políticas de empleo que pasa por excluir a los sindicatos y a los empresarios de la gestión de los cursos de formación continua y ocupacional. Para leer el documento completo, pulse aquí.

En un informe titulado Programa de ajuste y competitividad para Andalucía, el Observatorio económico, integrado por profesionales independientes de distintos ámbitos, basa la necesidad de acabar con el PER en que se concibió hace varias décadas como una medida transitoria y "constituye un terreno abonado para el fraude y el clientelismo y uno de los estigmas más negativos de los andaluces en el resto del país".

Es preciso tener en cuenta que en la Junta Directiva del Observatorio, que patrocina Unicaja y Cajamar, se sientan importantes pesos pesados del pasado político de la Junta de Andalucía como Francisco Ferraro, familiar, además, de Manuel Chaves. Igualmente se sientan destacados ex miembros del PSOE como Fernando Feijoó e incluso periodistas antaño ligados a la CGT, como Martín Risquet.

En el resumen que hace la agencia Efe, el Observatorio afirma que no se puede sostener un sistema "ineficiente, ineficaz e injusto sobre la base de que los jornaleros andaluces se verían obligados a cambiar de trabajo o abandonar sus pueblos de origen, cuando actualmente se está produciendo una creciente emigración de trabajadores formados y con notable capital humano". No obstante, el informe sostiene que la eliminación del programa de fomento del empleo agrario no significa dejar desprotegido al actual colectivo beneficiario sino que se le podrían aplicar las prestaciones convencionales que el Estado del Bienestar prevé en casos similares.

Para este grupo de expertos, el sistema de incentivos del PER es "tan perverso que supone una verdadera trampa de la pobreza para colectivos de trabajadores de baja cualificación, cuya renta es miserablemente sostenida durante años sin atajar las causas últimas del desajuste entre la oferta y la demanda de trabajo". Además, sostienen que el argumento convencional de que, en ausencia del PER, se produciría una masiva emigración a las ciudades o profundas bolsas de pobreza rural es "desconocer la realidad o condenar a generaciones enteras a un subsidio ínfimo que induce a la búsqueda de ingresos complementarios en la economía sumergida".

En política de empleo el Observatorio Económico de Andalucía apuesta por una reforma integral tras constatar el "rotundo fracaso" de las políticas activas, competencia de la Junta, y el "inmenso derroche de recursos de los programas de formación". Aboga por separar a los sindicatos y los empresarios de la gestión de los cursos de formación continua y ocupacional y por hacer una programación de los cursos atendiendo a las demandas de las empresas y colectivos de trabajadores y desempleados organizados, optar por concursos públicos para la asignación de los programas docentes a empresas de formación y controlar y publicitar los resultados por agencias independientes.

También plantea rediseñar el Servicio Andaluz de Empleo para "eliminar de su gestión las interferencias y conflictos de intereses con el bien común derivados de la participación de grupos de presión como sindicatos y organizaciones empresariales" e impulsar las agencias privadas de intermediación. Igualmente, el Observatorio Económico de Andalucía defiende un cambio en la orientación de las políticas de empleo "encaminadas a salvar a empresas en crisis o mantener empleos ineficientes", lo que, además, produce una "notable fisura en los principios de equidad básicos".

Este organismo también propone en su informe, realizado en marzo pasado, antes de la celebración de las elecciones autonómicas andaluzas, la desaparición de la Consejería de Empleo y pasar las políticas activas a la Consejería de Economía, algo que ha ocurrido tras la conformación del nuevo ejecutivo andaluz.

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