El sector privado, zaherido, acribillado a impuestos, ha reaccionado, en parte porque no ha tenido más remedio, mientras el sector público, "lo peor de lo peor", continúa sin querer hacer el ajuste en el gasto que España necesita.

No es que Rajoy tenga derecho a poner condiciones, a Cataluña o a cualquier otra comunidad que pida acudir al Fondo, sino que es su obligación hacerlo, estableciendo todas las que convengan a la defensa de los intereses de todos, incluidos los catalanes.

Mientras el irresponsable de Rajoy siga instalado en el "no es el momento de polémicas", olvídense de que su Gobierno vigile, sancione o intervenga nada. La "armadura" de Montoro "para hacer cumplir sus objetivos a las autonomías" seguirá siendo de risa.

Si no se imponen condiciones a Cataluña, las demás comunidades van a rechazarlas invocando el principio de igualdad. Y estaríamos enviando un mensaje muy claro, tanto a la UE como a los mercados, de que no somos capaces de sanear las cuentas públicas.

Lo más curioso de todo esto es que los mayores odiadores son, somos, precisamente, los que más nos beneficiamos de la existencia de dichas compañías: sus clientes.

Más de cinco millones y medio de personas sin trabajo, cifra sin precedentes en nuestra historia. Este desastre tiene multitud de causas, entre ellas el asistencialismo, que en vez de ayudar a los parados a encontrar un empleo los hunde en la pasividad.