Este sábado entró en vigor la subida del Impuesto sobre el Valor Añadido decretada por el Gobierno de Mariano Rajoy, que encarecerá notablemente el coste de la vida para el ciudadano medio y provocará una nueva caída del consumo, con el daño consiguiente para las empresas cuyos productos y servicios afectados.
En su primer acto público tras la vuelta de las vacaciones, el presidente del Gobierno ha vuelto con la cantilena de que esta subida no le gustaba pero que no tenía más remedio que hacerla porque no había otra alternativa para equilibrar el presupuesto. Con una plétora de empresas públicas y organismos de toda laya y condición perfectamente prescindibles, es un sarcasmo presentar como inevitable este notable incremento de la presión fiscal. Diecisiete Miniestados gastando a manos llenas y que, salvo escasísimas excepciones, no sólo no cumplen con sus compromisos de déficit, sino que amenazan con gastar aún más, son el argumento definitivo que desmonta la oposición de la clase política a equilibrar las cuentas por la vía de la reducción del gasto administrativo. No es ya que exista un amplio margen para seguir haciendo economías, sino que, en realidad, las administraciones públicas, especialmente las autonómicas, apenas han reducido su tren de gasto en comparación con lo que lo están haciendo las empresas y familias españolas desde que comenzó la crisis.
Pero es que además la subida de los impuestos indirectos, y el IVA es el principal, tiene escaso recorrido por sus más que discutibles efectos recaudatorios. Es lo que afirmaba acertadamente el Partido Popular cuando se opuso a la subida de impuestos anunciada por Zapatero en las postrimerías de su mandato, con argumentos irrebatibles como el de sus efectos negativos para una economía desplomada a la que había que reactivar aliviando de cargas a empresas y familias, verdaderos motores del crecimiento económico.
Este incremento del IVA, que afectará a innumerables bienes y servicios de uso cotidiano, tendrá unos efectos añadidos de carácter restrictivo sobre el consumo general por el factor psicológico que toda subida de impuestos lleva aparejada. La consecuencia, como ya están advirtiendo las organizaciones empresariales, será una bajada desproporcionada de la producción, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo; precisamente lo contrario de lo que nuestro país necesita para iniciar con éxito la tan esperada senda de la recuperación.
El equilibrio de las cuentas públicas de un país moderno ha de llevarse a cabo conjugando cuidadosamente la máxima reducción del gasto público con la mínima subida de los ingresos fiscales. En un contexto de crisis como el actual, resulta evidente que la prioridad de los gobernantes debería ser incidir hasta la extenuación en el recorte de gastos del entramado público, y sólo después, en el caso de que resultara necesario, habrían de plantearse un aumento de aquellos impuestos con menor influencia en el devenir cotidiano de la actividad económica.
El presidente del Gobierno, frente a lo que decía cuando encabezaba la oposición, ha preferido seguir la línea marcada por Zapatero también en materia impositiva. La sociedad española tiene derecho a criticarle por este engaño colectivo, que en el caso de los votantes del Partido Popular puede ser de hecho calificado como una auténtica traición.