Con el anuncio del presidente del BCE del nuevo programa de compra de bonos soberanos de países con graves problemas financieros, el Gobierno de Rajoy pierde toda esperanza de una relajación en las exigencias de las instituciones europeas que hiciera innecesario solicitar formalmente el rescate. Mario Draghi fue inflexible en la formulación de este requisito, sin el cual nuestro país no podrá acceder a los instrumentos de financiación previstos por el BCE para garantizar la estabilidad de los países de la Zona Euro.
Junto al requerimiento a los países necesitados de estos fondos europeos para que formulen una petición oficial en tal sentido, el BCE, como era más que previsible, obligará a los Gobiernos receptores de esas ayudas a poner en marcha todo un catálogo de medidas adicionales tan duras como ineludibles. Incluso el sistema público de pensiones, una de las partidas mollares del gasto estatal, tendrá que ser revisado a la baja, pese a las reticencias de Rajoy, algo que conllevará un importante coste electoral, que el PP habrá de arrostrar sin remedio.
Pero, como hemos sostenido siempre en Libertad Digital, ninguna de estas consecuencias a que ahora nos tendremos que enfrentar era inevitable, por más que así lo hayan defendido desde el principio tanto el Gobierno como su partido. Una decidida disminución del gasto público, con especial énfasis en el disparatado sistema autonómico, habría compensado sobradamente los desequilibrios deficitarios del Estado y convertido en innecesaria la imposición exterior de este riguroso ajuste, que en poco tiempo comenzarán a sufrir nuestras más que castigadas familias y empresas.
En lugar de emplearse a fondo en la reducción del peso del Estado, en especial el autonómico, el Gobierno ha puesto a disposición de las diecisiete comunidades nada menos que 18.000 millones de euros, que, como explica aquí Alberto Recarte, serán claramente insuficientes para cubrir las exorbitantes necesidades de financiación de unos políticos autonómicos para los que la crisis apenas está teniendo consecuencias, frente al calvario que está padeciendo el español medio.
El rescate soberano de España era hace seis meses tan sólo una opción lejana. La irresponsabilidad de la casta política y la indolencia del Gobierno han hecho que hoy sea ya una realidad inapelable.