España ya tiene luz verde para solicitar oficialmente el rescate soberano. El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, anunció el jueves el nuevo programa que pondrá en marcha la entidad para auxiliar a los países en dificultades mediante la compra masiva de deuda pública. Eso sí, siempre y cuando el gobierno beneficiario en cuestión solicite previamente el rescate a las instituciones europeas. "Está en manos del Gobierno español solicitar ayuda" total o parcial para que el BCE compre deuda, indicó Draghi.
Por tanto, la cuestión ahora no es si sino cuándo solicitará España el rescate soberano. Por el momento, el Ejecutivo de Mariano Rajoy se mantiene a la espera de aclarar las condiciones que conllevará tal petición. Y es que, lo que teme Moncloa son, precisamente, los deberes que, previsiblemente, impondrá la troika -Comisión Europea, BCE y Fondo Monetario Internacional (FMI)- a cambio de la ayuda.
La petición de auxilio, total o parcial, supone la activación de los fondos de rescate europeos, el temporal (EFSF, por sus siglas en inglés) y más adelante el permanente (ESM), lo cual obligará a firmar un memorándum de entendimiento, una especie de contrato por el cual el Gobierno se comprometerá a realizar una serie de ajustes fiscales y reformas estructurales para reducir el déficit público y potenciar el crecimiento económico.
Hoy por hoy, el rescate total es un escenario improbable, entre otras cosas porque los fondos europeos carecen de dinero suficiente para garantizar a España -e Italia- toda la financiación que precisa durante al menos tres años, como sí ha acontecido en el caso de Grecia, Irlanda y Portugal. Por ello, el propio Draghi también señaló el jueves su disposición a comprar deuda pública si el país acude a un rescate parcial.
Hacia el rescate parcial
En concreto, Draghi supeditó el jueves la actuación del BCE en el mercado secundario de deuda (bonos ya en circulación) a una "condicionalidad estricta y efectiva" y a que los países beneficiarios soliciten un rescate completo o "preventivo" (ECCL, por sus siglas en inglés) a los fondos europeos, que se encargarían de complementar la compra de deuda en el mercado primario (emisiones del Tesoro). También pidió la implicación del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el diseño de las condiciones y la supervisión de los programas.
Desde hace meses, las autoridades europeas barajan ofrecer a España una línea de crédito preventiva. Este mecanismo está contemplado tanto en el EFSF como en el ESM, y conlleva una serie de condiciones, aunque el Gobierno pretende que se materialice en una especie de rescate suave, evitando así la imposición de ajustes extra.
El citado crédito preventivo está diseñado para países considerados solventes, pero que atraviesan problemas coyunturales que dificultan su financiación en el mercado a precios sostenibles; su aceptación obliga a firmar un memorándum con la troika, en el que se detallan los ajustes y reformas a realizar para reducir deuda y déficit; el programa impone una supervisión permanente por parte de las autoridades comunitarias, y si se incumplen los deberes el BCE podría dejar de comprar deuda; el crédito oscila entre el 2% y el 10% del PIB -entre 21.000 y poco más de 100.000 millones de euros en el caso de España-; su duración es de un año, pero se puede renovar cada seis meses y dos veces como máximo, con lo que su vigencia se puede prolongar durante dos años.
El Gobierno confía en que la solicitud de dicho crédito no conlleve ajustes adicionales a los ya comprometidos, pero dicha pretensión parece difícil de conseguir por divesos motivos. En primer lugar, Draghi insistió mucho en la necesidad de que el país acepte "estrictas condiciones" macroeconómicas. De hecho, puntualizó que el rescate parcial o preventivo, lejos de ser suave, "tiene condicionalidad económica plena".
La canciller alemana, Angela Merkel, insistió el viernes en que los países en problemas deben seguir "haciendo sus deberes" y que el nuevo plan de compras del BCE está sujeto a una "clara condicionalidad". Asimismo, la Comisión Europea no descartó que el Eurogrupo exija a España condiciones suplementarias a cambio de la asistencia. El rescate español tiene que ser aprobado por unanimidad de los socios comunitarios, y es improbable que los países del norte -núcleo duro- no exijan deberes extra para garantizar la devolución de su dinero.
Además, en todo caso, Rajoy se comprometió a reducir el déficit hasta el 6,3% del PIB este año, el 4,5% en 2013 y el 2,8% en 2014, objetivos que será difícil cumplir en ausencia de nuevos ajustes; la UE también exige tener una deuda pública y una balanza comercial sostenible; atenerse a los objetivos de corrección de los desequilibrios macroeconómicos excesivos; y contar con un sector bancario sin problemas de solvencia.
Ajustes necesarios, pero impopulares
En la práctica, tales principios se traducen en la aplicación de ajustes y reformas concretas. Algunas ya han sido iniciadas por el PP -como la reforma laboral y financiera, la subida del IVA o la eliminación de la deducción por vivienda-, pero otras todavía no han sido aprobadas o ni siquiera planteadas. El recetario que imponen los conocidos hombres de negro es muy similar y no varía excesivamente de país a país, y el análisis de los rescates previos muestra que a España aún le quedan tareas pendientes.
Las más impopulares y, por tanto, con mayor coste político, más allá de posibles subidas de impuestos extra, serían las siguientes:
1. Congelación y recorte de pensiones: los rescates suelen implicar congelar la revalorización de las pensiones -en función del IPC- durante al menos dos años; un recorte progresivo de las prestaciones actuales en función del nivel de renta; retrasar la edad de jubilación -España adelantaría lo ya aprobado-; y una reforma del sistema para reducir las pensiones futuras -ampliando el período de cálculo a toda la vida laboral-.
2. Reforma de la prestación de paro: el Gobierno ha reducido mínimamente las prestaciones de desempleo a partir del sexto mes, pero las reformas que impone la troika en esta materia son mucho más profundas. Entre otras medidas, posibles recortes adicionales de las prestaciones, reducir el tiempo máximo que un parado tiene derecho a subsidio (en España dos años), que los parados no puedan rechazar ofertas de empleo, que acepten incluso realizar trabajos sociales, reformar las políticas activas, implantar los minijobs, externalizar los servicios del Inem...
3. Copago y reforma sanitaria: el Gobierno ha extendido el copago farmacéutico, pero el resto de países europeos aplican sistemas de copago en muchos otros servicios sanitarios, tales como consultas médicas, urgencias o ingresos hospitalarios. De hecho, el Gobierno ya está rediseñando la cartera básica de servicios sanitarios y estudia modificar la retribución del personal sanitario.
4. Despido de empleados públicos: la reforma laboral ya contempla esta posibilidad, pero todavía no se ha aplicado con intensidad.
5. Privatización de empresas: exige la privatización de muchas empresas públicas, así como la venta de inmuebles, participaciones industriales y empresariales en manos del sector público. La tarea del Gobierno en este campo ha sido mínima.