Han pasado ocho meses desde la conformación del Gobierno. Tras ellos, hemos percibido hasta qué punto la herencia recibida era casi intolerable. La revisión de algunos datos lo demuestra. El último de ellos procede de la prestigiosa entidad Fedea. El déficit del sector público alcanzó el 9% del PIB en 2011. Ese mismo año, el crecimiento real de la economía cayó un 0’7%.
Todo eso requiere unos esfuerzos colosales para superar esta situación, que es, sencillamente, intolerable, y que en buena parte se debe a un penoso planteamiento autonómico. Nos lo ha señalado de modo magistral Manuel Lagares en su artículo "A la espera de un eventual rescate", publicado en El Mundo el pasado 31 de agosto. "Las soluciones (...) tienen que comenzar por una drástica reducción del gasto público, mediante una profunda revisión de la razón de ser de todas sus partidas, tanto en la Administración central como en la autonómica y local, aunque ello exija cambios legales de profundo calado". Naturalmente, esto significa que la Constitución puede, y añadiría que debe, experimentar algunas alteraciones que redunden en este sentido.
Con ello no se habrá resuelto todo, aunque si sucede, de paso, habría que abordar esa cuestión de ruptura del mercado interior debida a la política económica de las autonomías, con su repercusión instantánea en la productividad total de los factores y en la competitividad.
Concretamente, ha llegado el momento de revisar muy a fondo –tanto, que equivaldría, si se hace bien, a su liquidación– el Pacto de Toledo. El sistema de seguridad social, en relación con los pensionistas, no puede continuar como hasta ahora, y mucho menos si se observa la evolución de la pirámide de población.
También se ha de acentuar la libertad del mercado español, y sin pausa alguna lo que se refiere a la flexibilización del mercado laboral. Los datos ofrecidos por Fátima Báñez el 31 de agosto en la conferencia de clausura de la Escuela de La Granda avalan que es el camino adecuado para frenar el problema básico del desempleo.
Son todas estas medidas obligadas, a causa del desastre de una política económica que en el año 2004 mostró ya sus evidentes problemas, pero que desde 2008 hizo todo lo posible por acentuarlas. Y no digamos si a esta pésima acción añadimos cómo fue la política crediticia seguida.
Personalmente, no quiero olvidar que en 2011 me encontré con Cristóbal Montoro y le dije: vais a ganar las próximas elecciones, pero el caos que recibiréis es tan considerable que debéis iros preparando para moveros en medio de la vorágine que os espera. Desgraciadamente, así ha sucedido.