Con la petición de dinero realizada este jueves por el Gobierno de Castilla-La Mancha, ya son cinco las autonomías que han decidido acudir al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para poder cumplir con sus compromisos financieros en 2012. Estas cinco regiones copan ya el 90% de los fondos disponibles inicialmente, estimados en 18.000 millones de euros.
- La Comunidad Valenciana fue la primera en confirmar que acudiría al fondo de liquidez para hacer frente a los vencimientos de deuda en 2012 y atender el pago de algunos proveedores. El consejero de Economía, Industria y Comercio de la Generalidad Valenciana, Máximo Buch, cifró en 3.500 millones de euros las necesidades financieras de la Comunidad para 2012. Sin embargo, el vicepresidente de la región, José Ciscar, no descartó pedir otros 1.000 millones de euros adicionales, con lo que la cuantía total podría ascender a 4.500 millones.
- Murcia fue la segunda región en admitir que necesitará ayuda del Estado para refinanciar su deuda en condiciones más ventajosas que las que imponen los bancos. Según detalló el Ejecutivo regional, la comunidad necesitará 278 millones a principios de octubre y otros 362 a finales de año (640 millones en total).
- Cataluña solicitó 5.023 millones de euros para cubrir déficit y afrontar vencimientos de deuda hasta finales de año.
- Andalucía anunció esta misma semana que también acudirá al Fondo de rescate. Precisa un total de 4.906,8 millones de euros.
- Castilla-La Mancha ha sido la última en solicitar ayuda financiera al Gobierno central. Este jueves pedirá cerca de 800 millones de euros para hacer frente a próximos vencimientos de deuda.
Así pues, a día de hoy, estas cinco autonomías han solicitado al Gobierno una cuantía próxima a los 16.000 millones de euros, el 90% del Fondo de rescate, antes incluso de que esté operativo. Por el momento, las regiones que renuncian a acogerse al Fondo son: Extremadura, La Rioja, Navarra, País Vasco, Aragón y Madrid y Galicia.
Por su parte, Castilla y León y Canarias han pedido al Ejecutivo que aclare las condiciones para acogerse a esta ayuda. Baleares sigue estudiando esta opción, al igual que Asturias y Cantabria.
A cambio de condiciones
El Ministerio de Hacienda envió el lunes a todos los gobiernos autonómicos el programa de aplicación de dicho Fondo, cuya entrada en vigor se prevé para la próxima semana. Al FLA, dotado con 18.000 millones de euros, podrán acogerse las autonomías que tengan problemas de financiación y dará prioridad a los pagos de vencimiento de deuda y a las facturas relacionadas con los servicios a los ciudadanos.
Las CCAA que quieran acceder al Fondo deberán comprometerse a reducir su sector público, eliminar cargas administrativas y barreras al mercado interior y abordar nuevas reformas estructurales para racionalizar el gasto público e incrementar la competitividad. Según el texto, cada acuerdo con Hacienda conllevará un programa de aplicación del FLA, suscrito por cada Gobierno regional con las condiciones concretas que debe afrontar: requisitos de información pública, condiciones fiscales y financieras, finalidad del importe recibido, seguimiento y control del programa.
Los gobiernos regionales deberán asumir nuevos niveles de transparencia, mediante la remisión periódica de la situación económico-financiera, presupuestaria, de tesorería y endeudamiento de cada uno de ellos. El objetivo de este intenso envío de información al Gobierno y los controles periódicos es asegurar que se cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública.
Según las instrucciones enviadas por Hacienda, el Fondo se destinará "obligatoriamente" a tres fines: pagar los vencimientos de deuda pública; saldar deuda comercial en sanidad, conciertos educativos y con las universidades; y pagar transferencias o subvenciones a las entidades locales y las universidades que tuvieran pendientes. El plazo para presentar la solicitud se extiende hasta el 31 de diciembre, aunque se espera que a principios de octubre se suscriban los primeros acuerdos de concesión. El marco general para este fondo es la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Los 18.000 millones de ayuda previstos inicialmente serán distribuidos por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, en función de las solicitudes presentadas y las necesidades financieras de cada cual. Desde el Gobierno siempre se ha sostenido que la cantidad con la que se ha dotado el Fondo es suficiente. La dotación del Fondo tiene una triple procedencia: 8.000 millones de euros a través de un crédito sindicado suscrito por las principales entidades financieras del país; un préstamo de Loterías del Estado por 6.000 millones de euros; y un desembolso del Tesoro por los 4.000 millones restantes.