El Gobierno lleva varias semanas mareando la perdiz sobre la cuestión del rescate. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, volvió a esquivar las preguntas de los periodistas este viernes al afirmar que la posible petición de ayuda financiera a Europa no es cuestión de tiempo sino de concreción. Se tomará una decisión al respecto cuando las cosas están "asentadas", señaló, en referencia a los términos y condiciones que conllevará tal solicitud. En la misma línea se manifestó el presidente Rajoy, que, tras reunirse en Malta con los dirigentes de Francia, Italia y Portugal, incidió nuevamente en la necesidad de avanzar lo más rápido posible hacia la unión bancaria y fiscal, tal y como se acordó en la cumbre europea de junio.
El discurso que está desarrollando el Partido Popular es doblemente contraproducente, al tiempo que engañoso. Por un lado, la intención del Gobierno consiste en que el Banco Central Europeo (BCE) compre masivamente deuda pública para que baje la prima de riesgo sin que ello conlleve la imposición a España de condiciones adicionales para reducir el déficit público y profundizar en las reformas, medidas impopulares –aunque necesarias– que podrían pasar factura al PP en términos electorales. Por otro, lo que realmente esconde la famosa unión bancaria no es otra cosa que un intento de cargar sobre los hombros de todos los contribuyentes europeos la factura del saneamiento financiero de España, coste que Alemania, Finlandia y Holanda no parecen estar dispuestos a asumir.
Dicha estrategia no favorece los intereses de España porque trata de suavizar en la medida de lo posible la amarga medicina que necesita el país para salir del atolladero. Además, descargar sobre los alemanes la factura del rescate bancario supone, implícitamente, eximir de responsabilidad tanto a los gestores de las entidades insolventes como a los reguladores públicos. Una cosa es que se avance hacia la unión bancaria y otra muy distinta que se trate de aplicar ya, antes siquiera de haber nacido, para tratar de descargar la crisis bancaria nacional sobre carteras ajenas.
Pero, sobre todo, es engañosa porque el rescate no soluciona nada por sí mismo, tan sólo sirve para ganar algo más de tiempo. Esto es, precisamente, lo que puso de manifiesto el gobernador del Banco de España, Luis Linde, el pasado jueves. Linde advirtió de que la compra masiva de deuda española por parte del BCE no solventará la crisis económica española, tal y como ha demostrado claramente la experiencia de Grecia. La solución es otra: "Cumplir con los objetivos de consolidación fiscal, culminar el proceso de reestructuración y saneamiento de nuestro sistema bancario, continuar el proceso de desendeudamiento privado y público y profundizar en las reformas acometidas para mejorar nuestra competitividad". Sólo así se recuperará la confianza de los mercados.
Efectivamente, si Irlanda ha logrado recuperar la confianza de los inversores no ha sido porque haya recibido un rescate de Europa, sino porque no ha dudado en liberalizar aún más su economía y en reducir de forma drástica su gasto público para estrechar su déficit fiscal. A diferencia de la sobredimensionada estructura estatal, las empresas y familias españolas llevan cinco años apretándose el cinturón para depurar los excesos cometidos durante la etapa de burbuja inmobiliaria. Ahora son las Administraciones las que deben ajustarse de forma urgente y creíble para frenar la peligrosa espiral de endeudamiento público que está experimentando España, ya que sólo así recuperaremos la credibilidad del mercado. Haya o no haya rescate, la crisis continuará si el déficit público no se reduce de forma contundente.