ACOGEN (Asociación Española de Cogeneración) y otros cuatro grandes sectores industriales hacen pública una carta abierta dirigida al Gobierno, en la que afirman que el Proyecto de Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética incrementará en 1.500 millones de euros anuales el coste energético de las empresas, por el efecto combinado de la subida del mercado mayorista de electricidad, el nuevo impuesto a la cogeneración y el céntimo verde al gas industrial.
Estas grandes empresas advierten de que este sobrecoste cercena cualquier posibilidad de competir en los mercados internacionales y puede provocar un proceso de desinversión y deslocalización industrial "sin precedentes en nuestro país".
Las industrias firmantes de la carta comparten la necesidad de abordar una auténtica reforma eléctrica, pero consideran que el actual proyecto es un mero mecanismo de recaudación. Afirman que es necesario un sector energético al servicio de la industria y los usuarios, y no una industria al servicio del sector energético.
Por ello, reclaman al Gobierno y a los Grupos Parlamentarios que modifiquen un proyecto de ley que, de prosperar en sus actuales términos, "nos convertirá en un país de servicios... al servicio de los países productores", indican.
Los grupos firmantes son: ACOGEN (Asociación Española de Cogeneración), ASCER (Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos), ASPAPEL (Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón), FEAF (Federación Española de Asociaciones de Fundidores) e HISPALYT (Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas).
A continuación, los extractos más destacables de la carta dirigida al Gobierno:
Las medidas propuestas por el Gobierno sobre fiscalidad energética generarán una pérdida de competitividad inmediata en múltiples sectores y pondrán en riesgo la supervivencia del tejido industrial español y de miles de empresas, con consecuencias irreversibles en el empleo [...]
[...] el Proyecto de Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética que actualmente se tramita en el Congreso y cuyo principal objetivo es dar solución al déficit tarifario del sistema eléctrico, traslada al tejido productivo este coste y, en sus actuales términos, supondría la destrucción inexorable de muchas empresas y de puestos de trabajos en un corto espacio de tiempo, condenando el futuro de la actividad industrial en España y generando la huída de inversiones productivas que son, en definitiva, las que crean riqueza y empleo estable y de alta cualificación.
La propuesta del Gobierno incrementará en 1.500 Millones de euros anuales el coste energético de las empresas, por el efecto combinado de la subida del mercado mayorista de electricidad, el nuevo impuesto a la cogeneración y el céntimo verde al gas industrial. Dicho sobrecoste cercena cualquier posibilidad de competir en los mercados internacionales y puede provocar un proceso de desinversión y deslocalización industrial sin precedentes en nuestro país.