A finales de 2008, con el paro disparándose por encima de los 100.000 nuevos desempleados al mes, José Luis Rodríguez Zapatero lanzó el Plan E. El objetivo declarado por el Gobierno era crear empleo y relanzar la economía española. Hace unos días, el Tribunal de Cuentas publicó el informe que ha realizado sobre el destino de los fondos que el Ejecutivo socialista dedicó a obras públicas en más de 8.000 municipios españoles. Y sus conclusiones no pueden ser más demoledoras. Ni se creó empleo, si se gastó bien el dinero público, ni se consiguieron los objetivos buscados.
Lo más doloroso del informe del Tribunal de Cuentas tiene que ver con el empleo, el objetivo principal del Plan E. Según los cuadros incluidos en las páginas 111 y 113 del documento, los 30.698 proyectos generaron 201.195 contratados. Teniendo en cuenta que el coste total ejecutado fue de 7.859 millones, tenemos un importe por desempleado de algo más de 39.000 euros. Si se cuentan las casi 17 millones de jornadas efectuadas, aparece un coste de 463 euros por día de trabajo.
Está claro que en el Plan E se pagó a muchas personas que no eran desempleadas. La mayoría de los trabajadores de las empresas contratistas ya estaban ocupadas cuando empezó el programa, por lo que esos 39.000 euros por parado no quieren decir que por unos meses de trabajo (la mayoría de las actuaciones no se dilataron más allá de unas semanas) se pagase ese salario. Pero sí es una cifra que sirve para calibrar la magnitud del despilfarro. Si el objetivo era simplemente reducir el paro y relanzar el consumo, no parece muy lógico gastarse casi 40.000 euros por unos meses de trabajo.
Pero el problema no es sólo de coste, es que todo lo que tiene que ver con el empleo y el Plan E sale muy malparado de la lectura del informe del Tribunal de Cuentas. Éstas son sus conclusiones más importantes:
- "El 67% de los trabajadores empleados en la ejecución de los proyectos que formaban parte de la estructura de la empresa con anterioridad al FEIL, continuaban prestando sus servicios en la misma en el segundo semestre de 2011. Únicamente el 4% de los que fueron contratados específicamente para la ejecución de los proyectos FEIL continuaron en dicha fecha trabajando en la empresa".
- "En lo que se refiere al seguimiento de la creación de empleo, objetivo fundamental del FEIL [siglas de Fondo Estatal de Inversión Local, el nombre oficial del Plan E] el 66% de los ayuntamientos no realizaron ninguna actuación".
- "El 21% de los contratos fueron adjudicados a empresas que declararon que generarían un número de puestos de trabajo inferior a las previsiones comunicadas por las entidades locales en la solicitud de fondos y el 12% de los proyectos fueron adjudicados a empresas que no se habían comprometido a la contratación de ningún trabajador procedente del desempleo".
- "Las empresas adjudicatarias incumplieron el compromiso de contratación de desempleados en el 11% de los contratos suscritos. El número de trabajadores desempleados afectados por este incumplimiento ascendió a 14.206".
- "En el 8% de los contratos no se incluyó la condición especial de ejecución consistente en que el nuevo personal que el contratista necesitara emplear para la ejecución de las obras se encontrase en situación de desempleo, incumpliendo lo establecido en el Real Decreto regulador. De las entidades que incluyeron la condición especial, el 25% no previó penalización en caso de incumplimiento, y de las que incluyeron cláusula de penalización, el 44% adjudicó contratos con menos trabajadores procedentes del desempleo de los que se habían comprometido a contratar las empresas en sus ofertas y únicamente aplicaron penalizaciones el 12% de estas entidades".
- "El 50% de las entidades, si bien remitieron al Ministerio como parte de la documentación justificativa la información proporcionada por las empresas adjudicatarias relativa al número de contratos con desempleados que realizaron, no llevaron a cabo ninguna otra comprobación ni ejecutaron el seguimiento establecido en el artículo 6.2 del Real Decreto-Ley 9/2008".
- "La documentación que las entidades requirieron a las empresas adjudicatarias para acreditar la situación de desempleo de los trabajadores contratados resultó muy heterogénea, confundiendo en muchos casos la condición de demandante de empleo con la situación legal de desempleo".