Miguel Arias Cañete ha presentado este viernes por la tarde en Madrid los dos grandes compromisos del Gobierno en materia agrícola: la ley de fomento de la integración de cooperativas y la ley de mejora de la cadena de valor. Se trata de dos normas (aunque por ahora son sólo anteproyectos, a la espera de su tramitación parlamentaria) que tienen como objetivo modernizar el sector y otorgar más poder de negociación a los productores dentro del proceso de comercialización.
Para conseguir ambos fines, el Gobierno ha trazado dos vías. Con la primera, se busca ampliar el tamaño medio de las agrupaciones de productores, en un sector que se caracteriza por una enorme atomización, mediante la creación de grandes cooperativas, que puedan competir en el mercado internacional, al mismo tiempo que aumentan la inversión en innovación y productividad. Además, estas nuevas entidades deberían tener más poder ante los grupos de distribución, lo que redundará en un beneficio para los agricultores.
La segunda pata de la reforma gubernamental se centra en el intervencionismo de la cadena de distribución alimentaria. El Ministerio de Agricultura parte de la premisa de que los productores están en inferioridad de condiciones respecto al resto de la cadena -transportistas y distribuidores-, especialmente en lo que hace referencia a las cinco grandes compañías de supermercados (Carrefour, Alcampo, Mercadona, El Corte Inglés y Eroski). Por lo tanto, hay que frenar lo que el Ejecutivo cree que es un abuso comercial, mediante nuevas trabas, prohibiciones, sanciones, normativas y limitaciones. Las empresas del sector han mostrado con anterioridad su disconformidad con este tipo de medidas que, aseguran, estrecharán aún más los pequeños márgenes con los que trabajan, lo que podría dar lugar al cierre de establecimientos.
De esta manera, mientras con la ley de cooperativas el Gobierno apuesta por un sector más profesionalizado, mejor gestionado y más innovador, con entidades de un tamaño superior, que compitan con sus rivales en el extranjero. Con la ley para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, amenaza con un puñado de nuevas normas que impidan el desenvolvimiento del libre mercado, que podrían terminar con precios más altos para los consumidores y el cierre de superficie comercial.
Cooperativas
El Anteproyecto de ley de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas alimentarias supone una reforma estructural para facilitar las fusiones, especialmente supraautonómicas. Los fines que persigue la iniciativa son la integración de las cooperativas y la profesionalización en la gestión de las mismas. Arias Cañete se ha mostrado preocupado por la dispersión del sector agrícola y ganadero en España.
De esta manera, ninguna cooperativa agraria nacional está entre las 25 más grandes a nivel europeo. Esta anomalía provoca que mientras gigantes como Friesland-Campina en Holanda facturan casi 10.000 millones de euros al año, en España sólo Coren se aproxime a los 1.000 millones.
El ministro ha precisado que a precisado que hay más de 4.000 cooperativas en España, pero su facturación es "muy baja", ya que no llega a 5 millones de euros de media (17.405 millones de euros en total), lo que da muestra de que es un sector "atomizado" y de "escasa dimensión" que genera unos 100.000 empleos directos y cuenta con un millón de socios.
Frente a esta dispersión, el Gobierno busca agrupar a los productores, eliminando las trabas que hasta ahora hacían casi imposible que existiesen cooperativas de nivel supra-autonómico. De esta manera, con cooperativas más grandes, se podría conseguir que el sector optimice su gestión, gane en poder de negociación y mejore su posición respecto a sus competidores en el extranjero. En el horizonte, estaría una mejora en las rentas de los productores y en la productividad y el atractivo como negocio del sector agrícola-ganadero.
En este sentido, el ministro ha abogado por grupos españoles que sumen volúmenes suficientes para atender la exportación, especialmente a países emergentes que necesitan de "agresividad comercial notable". La ley contribuirá a hacer más potente, competitivo, innovador y exportador el sistema cooperativo español y con ello, mejorar la capacidad de traslación de costes a los precios finales de los productos, ha añadido.
Para lograr estos fines y objetivos, el Anteproyecto de Ley incluye los siguientes instrumentos:
- Crea la figura de la Entidad Asociativa Prioritaria de ámbito supraautonómico con suficiente capacidad y dimensión, para mejorar su estrategia empresarial y contribuir al incremento de la eficiencia y rentabilidad de dichas entidades.
- Propone la articulación de un Plan Nacional de Integración Cooperativa, con objeto de coordinar las políticas de fomento asociativo del Ministerio con las regiones
- Modificará la Ley de Cooperativas, de 1999 y la Ley sobre régimen fiscal de las Cooperativas, de 1990, mediante la ampliación de sus fines y actividades, lo que supone una revisión de su regulación básica.
La "cadena alimentaria"
En lo que hace referencia a la Ley para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, la intención del Gobierno es impulsar la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español. Para lograrlo, contempla un modelo mixto de regulación y autorregulación de las relaciones comerciales entre los agentes de la cadena alimentaria.
- Contratos alimentarios: para "garantizar la seguridad jurídica y la equidad en las relaciones comerciales" se establece la obligación de formalizar por escrito los contratos en determinadas casos, dependiendo del importe y de la situación de "desequilibrio".
- Subastas electrónicas: se regulan, asimismo, las subastas electrónicas y la obligación de conservación de documentos que los operadores deben mantener durante un período de dos años
- Prácticas comerciales: se regulan los pagos comerciales, prohibiendo su exigencia cuando no estén pactados e incluidos expresamente en el contrato escrito, así como las contraprestaciones a las que dichos pagos estén asociados, lo que se extiende también a las actividades de promoción.
- Gestión de marcas: se incluye un precepto sobre gestión de marcas que prohíbe el aprovechamiento de la iniciativa empresarial ajena mediante la utilización de envases y presentaciones de marcas o nombres comerciales de otro operador. Además, se establece que la gestión de marcas deberá realizarse con arreglo a criterios de transparencia, equidad y no discriminación evitando prácticas que alteren la libre y leal competencia entre marcas. Esta norma parece que va dirigida directamente contra el incremento de la cuota de mercado de las marcas blancas que se ha producido en los últimos años.
- Autorregulación: la autorregulación de las relaciones comerciales se centra en el establecimiento de un Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación alimentaria. Se ha previsto crear un Registro Estatal como instrumento público que agruparía a todos aquellos operadores de la cadena alimentaria que se adscriban al Código citado anteriormente.
- Más "control": Observatorio de la cadena alimentaria: se crea el Observatorio de la Cadena Alimentaria y se establece un control administrativo. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente tendrá potestad sancionadora.