Las jubilaciones anticipadas y parciales, al menos en las condiciones actuales, tienen los días contados. El Gobierno quiere que la edad real de retiro se acerque a la edad legal de jubilación, que se irá retrasando hasta los 67 años de forma paulatina desde ahora hasta el año 2027, según la última reforma del sistema público.
Este viernes, Fátima Báñez ha presentado el informe con las recomendaciones que el Ejecutivo enviará al Pacto de Toledo, para asegurar, según sus propias palabras, "la sostenibilidad del sistema público de pensiones". Podríamos decir que el Gobierno tiene dos estrategias que marchan en paralelo:
- A largo plazo, los dos grandes partidos mayoritarios han asumido que el actual sistema es insostenible. Ninguno se plantea el cambio (aunque sea parcial y de forma muy progresiva) a un sistema de capitalización. Por lo tanto, lo que tendremos es un modelo sin cambios en el planteamiento general, pero con condiciones mucho más duras: la jubilación se retrasará; habrá que cotizar más años para acceder al 100% de la pensión; y se ampliará el período de cálculo para contar el primer período de vida activa del trabajador, cuando normalmente tenía un sueldo más bajo.
- A corto plazo, los planes del Gobierno pasan por dificultar mucho el acceso a las jubilaciones anticipadas y parciales. También habrá incentivos a aquellos que quieran seguir trabajando una vez que lleguen a la edad legal de jubilación, permitiéndoles, incluso, compatibilizar su sueldo y una parte de su pensión.
Jubilación anticipada: el Gobierno cree que este figura se ha convertido "en una fórmula de regulación de empleo". Es decir, que las empresas que tienen que ajustar plantilla lo hacen prescindiendo de aquellos empleados de más edad.
Para Báñez, esto es una "discriminación por edad" que hay que combatir, aunque hay que recordar que un gran porcentaje de las jubilaciones anticipadas son voluntarias. Es decir, el trabajador pacta con su compañía un despido combinado con la un acceso temprano al sistema de pensiones. En este sentido, sería difícil hablar de "discriminación" cuando es una decisión voluntaria.
En cualquier caso, el Gobierno con esta práctica y propone retrasar la edad de jubilación voluntaria (actualmente en los 61 años), ampliar el período mínimo de cotización requerido para acceder a la misma (ahora 33 años) y aumentar los coeficientes reductores (ahora, si alguien se jubila a los 61 años y ha cotizado menos de 30 años recibe un 60% de lo que le tocaría si se jubilara a la edad legal; ver tabla).
Jubilación parcial: ésta es una modalidad que Báñez tiene entre ceja y ceja. En este caso, lo que ocurre es que el empleado llega a un acuerdo con la empresa para trabajar sólo un 15-20% de su tiempo (uno o dos meses al año). A cambio, la empresa se compromete a hacer un nuevo contrato, llamado de relevo. El empleado recibe una parte de su sueldo a cargo de su empresa y una parte de su pensión a cargo de la Seguridad Social. Eso sí, mantiene su cotización y cuando alcanza los 65 años cobra su pensión íntegra. La idea del Gobierno es dificultar o prohibir mucho el acceso a este mecanismo que creen que es un "coladero" y que utilizaron el año pasado el 9% de los nuevos jubilados.
Compatibilidad pensión-empleo: otra de las novedades que el Gobierno querría ver aplicadas en el corto plazo es la posibilidad de que los jubilados no dejen por completo la actividad laboral. La idea sería que mantuviera su empleo y cobrase un porcentaje de su empleador y otro por parte de la Seguridad Social. Las condiciones serían las igualmente:
- El nuevo régimen de compatibilidad entre pensión y salario podría exigir que el acceso a la misma fuese a la edad ordinaria y una vez acreditado un periodo de cotización que implique el 100 por 100 de la base reguladora.
- Durante el tiempo en que se simultanease la pensión y la realización de la actividad, se podría percibir un porcentaje de pensión entre el 40 y el 60%.
- El nuevo esquema de compatibilidad entre la pensión de jubilación y el salario se podría aplicar a todos los Regímenes de la Seguridad Social y a cualquier actividad por cuenta ajena o por cuenta propia.
- Una vez el interesado cesara en la prestación laboral, se repondría el percibo íntegro de la pensión de jubilación.