El Banco de España deberá presentar al Congreso, antes de cuatro meses, un informe sobre las indemnizaciones, pensiones y remuneraciones percibidas por los directivos de entidades financieras que reciban ayudas públicas, así como sobre el efecto que las reformas financieras tengan en estas retribuciones, y acompañar el documento de una propuesta de modelo de marco retributivo para estos profesionales.
Así lo ha decidido este lunes la Comisión parlamentaria de Economía al aprobar una enmienda transaccional pactada a partir de propuestas de CiU, PNV y PSOE sobre retribuciones a directivos de entidades rescatadas, que se incorpora así al proyecto de ley de Reestructuración y Resolución de Entidades de Crédito, que se deriva de la reforma financiera aprobada en agosto para trasponer a la normativa española las condiciones fijadas por Bruselas para el rescate bancario.
Esta enmienda y otra propuesta de los nacionalistas catalanes –precisando que el comisario del sindicato de 'obligacionistas' de las entidades de crédito no tendrán derecho en ningún caso a asistir a los consejos de administración– han sido, junto con el medio centenar de iniciativas del PP, los únicos cambios aceptados para este proyecto de ley.
Con el debate de apenas dos horas celebrado este lunes se da por zanjada la tramitación en la Cámara baja del proyecto, que sólo ha sido sometido al debate de convalidación del decreto del que deriva y al de la comisión parlamentaria, que apenas un cuarto de hora antes había celebrado la Ponencia para incorporar de forma definitiva las enmiendas 'populares'. Ahora, el texto será remitido al Senado para su sanción definitiva.
CiU y PNV apoyan al PP
Así las cosas, el proyecto de ley ha salido adelante con 26 votos a favor y 16 en contra, después de que los 'populares' hayan conseguido que tanto los nacionalistas catalanes como los vascos lo respalden, aunque con algunas críticas. Y es que toda la oposición ha coincidido en lamentar que el Gobierno haya perdido la ocasión que ofrecía esta normativa para atajar problemas como el de las participaciones preferentes o los desahucios.
El portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, ha lamentado que la reforma llegue con "un retraso de tres años", lo que ha "conllevado una desconfianza tremenda y consecuencias muy negativas para la economía", como el incremento de la prima de riesgo o la falta de liquidez en la economía productiva.
En este sentido, ha defendido que los afectados por el "engaño" de las preferentes puedan recuperar el 100% de su inversión, que las viviendas de entidades con ayudas puedan ser destinadas a fines sociales o que se proteja fiscalmente a las cajas de ahorros con obra social. "En un momento tan complicado y sensible, y con una mayoría absoluta, agradecer que el PP se avenga a aceptar enmiendas", ha añadido.
Pedro Azpiazu, del PNV, ha defendido asimismo la necesidad de revisar "a la baja" las "escandalosas" remuneraciones de los directivos bancarios, sobre todo cuando se abonan con dinero público; así como dar una salida a los afectados por los desahucios. "Pediría que se haga un esfuerzo para llegar a acuerdos", ha reclamado, valorando posteriormente la transaccional pese a que "es lanzar la pelota para adelante y no arreglar la situación ahora".
Por su parte, el portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, ha reclamado al PP atender cuestiones como la depuración de responsabilidades en el "hundimiento" de algunas entidades, la revisión de las situaciones de sobreendeudamiento personal, el uso social de las viviendas o la estimación del coste y el plan de recuperación de las "ingentes cantidades de dinero público" que el sector ha recibido.
Preferentes, deshaucios y transparencia, temas prioritarios
El portavoz económico del PSOE, Valeriano Gómez, ha comenzando recordando las carencias que más preocupan a los socialistas: la transparencia en la participación pública en la reestructuración financiera, la limitación de los costes de los contribuyentes, que "no está en absoluto garantizada" en la ley; el incremento de la soberanía parlamentaria y la resolución de las "funestas" consecuencias de la comercialización de productos híbridos.
A renglón seguido, ha defendido que la CNMV discrimine entre inversores y meros ahorradores que han sido objeto de un "inmenso engaño", para que éstos puedan acogerse a un canje obligatorio del 100% del valor nominal. Y ha lamentado que el Gobierno tampoco haya aprovechado la oportunidad para solucionar el otro "gran problema" de la crisis bancaria, los desahucios.
El exministro Jesús Caldera, por su parte, ha dicho que "no tiene sentido ni económico ni ético el comportamiento de algunos directivos bancarios" por lo que hay que "aprovechar la situación para establecer un código de conducta diferente" en relación con sus salarios.