Izquierda Unida (IU) y su grupo parlamentario, La Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA y CHA), van mucho más allá del rechazo frontal a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013 y, de hecho, su postura al respecto recuerda mucho a la que está adoptando Syriza, la coalición de izquierdas en Grecia. La tramitación parlamentaria de las cuentas públicas ha obligado a los distintos grupos políticos a posicionarse de una forma mucho más detallada sobre la política económica y fiscal emprendida por el PP, desvelando como resultado algunas de sus propuestas concretas para combatir la crisis.
Y en el caso de IU destaca especialmente, ya no su oposición a los recortes de gasto público o su apoyo a una mayor subida de impuestos, sino el órdago que, directamente, lanza tanto a las autoridades comunitarias como a los acreedores del Estado español. Así, IU registró la semana pasada en el Congreso una enmienda a la totalidad de los Presupuestos en la que defiende, abiertamente, impagar parte de la deuda pública española.
Entendemos que es hora de plantear la naturaleza de la deuda y la posible ilegitimidad de una parte de la misma, cuestionando el pago de los más de 38.000 millones de euros que representa el servicio de la deuda (pago de intereses en 2013) en los presupuestos de 2013 y que limita la posibilidad de recursos para crear empleo, estimular la economía y atender los servicios sociales.
Es decir, pone en duda el principio esencial de cumplir los compromisos financieros, un fundamento que, por cierto, fue incluido en la Constitución española el pasado verano para tratar de reforzar la confianza de los inversores foráneos en la solvencia de España. Es más, en la citada enmienda propone ofrecer un tratamiento diferenciado entre los acreedores nacionales y los tenedores extranjeros de deuda pública.
Según datos del Tesoro, hoy sólo el 34% de la deuda soberana del Estado central está en manos de residentes extranjeros. Esto permite también dar a la deuda un tratamiento distinto que el mero pago a vencimiento.
Cambiar las condiciones de pago de forma unilateral, ya sea el plazo de devolución o la cuantía a devolver, tal y como propone La Izquierda Plural significa declarar el default (suspensión de pagos). Esta idea subyace, además, en el renovado ideario económico que IU pretende aprobar en su próxima Asamblea General en diciembre, al tiempo que se opone a los rescates condicionados que imponen las autoridades europeas a los países en problemas.
[...] nos oponemos al rescate de los países europeos y, consecuentemente, al llamado "rescate" de la economía española. Entendemos por rescate la facilitación de ayuda financiera bajo estrictas condiciones [...]
Frente a este autodenominado por sus autores "rescate", oponemos una política de solidaridad financiera, que encamine la ayuda necesaria para superar la situación de crisis sin condiciones irracionales [...] Esa política pasa por un nuevo papel del BCE (Banco Central Europeo) y del BEI (Banco Europeo de Inversiones) y por la consideración de la parte ilegitima de la deuda como impagable [...]
Es decir, que el BCE "actúe al servicio de las necesidades de la mayoría", lo cual se traduce en monetizar masivamente deuda pública de los países en problemas sin necesidad de aplicar ningún tipo de ajuste fiscal o reformas estructurales. Asimismo, IU defiende "mutualizar" la deuda, lo cual significa emitir bonos europeos conjuntos para que los países ricos del norte subvencionen a los países en problemas del sur.
Por otro lado, señala que "no defendemos la salida del euro" de España porque "sólo agravaría las condiciones de vida de los trabajadores" y el volumen de las deudas (en euros) se dispararía, "pues la nueva moneda nacería enormemente devaluada", con lo que la formación parece rechazar así una de las propuestas que en su día llegó a plantear su exdirigente Gaspar Llamazares.
Pero, si bien niega esta opción, IU apuesta por transformar España y la UE en estados puramente socialistas, ya que insta a "acabar con la propiedad privada de las grandes fuerzas productivas". Así, en primer lugar, defiende la nacionalización completa e "indefinida" de los bancos intervenidos y de su "parque de viviendas" para, posteriormente, en una segunda fase, nacionalizar "de forma integral el sector financiero"; así como nacionalizar "todas las grandes empresas"; y convertir al Estado en "empleador de último recurso", de forma que todo ciudadano que lo solicite cuente con trabajo remunerado, formación o un subsidio por desempleo sufragado con fondos públicos.
Más impuestos y más gasto público
En cuanto a los PGE de 2013, su grupo parlamentario parte de que el problema del déficit no es de exceso de gasto sino de falta de ingresos y, por tanto, propone amplias subidas fiscales (tasa a las transacciones financieras, más IRPF, Impuesto de Sociedades del 35%, nuevo impuesto sobre la riqueza, etc.), incrementar el gasto público, así como el número de empleados públicos y sus sueldos e incluso un nuevo Plan E.
Por último, en su enmienda incluso recomienda al Gobierno "prepararse para la independencia de Catalunya", estimando sus posibles efectos sobre las cuentas de 2013.
Consideramos necesario y recomendable que los PGE para el siguiente ejercicio incluyan un fondo de contingencia equivalente a la pérdida de un flujo fiscal positivo proveniente de Cataluña -estimado en unos 16.000 millones de euros- como consecuencia de su culminación de su proceso de independencia.