Durante buena parte del presente año, el Gobierno ecuatoriano parecía razonablemente tranquilo ante las Elecciones Presidenciales que se celebrarán el próximo mes de febrero. Las encuestas daban como ganador claro a un Rafael Correa que, a base de propaganda estatal y subsidios de todo tipo, parecía haber consolidado con éxito su modelo del "socialismo del siglo XXI".
La cosa se torció cuando Guillermo Lasso, un empresario guayaquileño con una exitosa trayectoria a sus espaldas, anunció que dejaba el Banco de Guayaquil para explorar la posibilidad de presentarse a la Presidencia del país andino. Las encuestas han ido confirmando la buena acogida que ha tenido esta candidatura entre los ecuatorianos: su intención de voto ya supera el 20%, y no para de crecer a medida que su movimiento, CREO, suma apoyos políticos como el de Jaime Nebot, Alcalde de Guayaquil.
En las últimas semanas, el nerviosismo del régimen correísta empezó a quedar de manifiesto en las interminables"cadenas informativas" que el Gobierno transmite durante horas todos los días. En estos espacios, sufragados con el dinero de los contribuyentes ecuatorianos, el Ejecutivo de Correa empezó a trazar una campaña de acoso y derribo contra Guillermo Lasso. La guerra sucia comenzó a finales de verano, pero es ahora cuando ha cobrado tintes más preocupantes aún tras una nueva iniciativa gubernamental que, en la práctica, supondría la expropiación indirecta de todos los bancos del país.
Una ley suicida
Todo comenzó cuando Lasso prometió que, además de bajar los impuestos y reducir el gasto público, mejoraría los programas de asistencia social a los ecuatorianos de rentas bajas. La contrapropuesta del Gobierno de Correa se ha centrado en este último punto, ya que también pasa por aumentar el presupuesto destinado al "bono de desarrollo humano". Sin embargo, en vez de financiar la iniciativa con un recorte del gasto que también permita bajar impuestos a los contribuyentes, el principal aliado de Hugo Chávez pretende hacerlo con todo tipo de impuestos y regulaciones al sector financiero.
La ley tiene "dedicatoria", ya que Guillermo Lasso ha dedicado buena parte de su vida profesional a trabajar en el sector bancario. El empresario guayaquileño, que procede de una familia humilde y también es conocido por iniciativas de emprendimiento social como el Banco del Barrio, se ha convertido en la excusa perfecta para que Correa despliegue una de las propuestas más radicales de su controvertido paso por la Presidencia.
Así, el proyecto de ley enviado por el Gobierno a la Asamblea Nacional constituye un ataque frontal y casi sin límite contra todo el sector financiero ecuatoriano. En clave política, semejante medida busca amedrentar a la oposición. En clave económica, el objetivo es aumentar más aún el poder del Estado. Y para cumplir estos dos propósitos tan discutibles, Correa pone en riesgo la estabilidad financiera y la confianza institucional en un país en el que la inversión extranjera está bajo mínimos.
Una subida de impuestos confiscatoria
En concreto, la propuesta de Correa incluye aplicar un impuesto anual a los "ingresos gravables" de las instituciones financieras privadas y emisoras de tarjetas de crédito, buscando extraer nuevos ingresos de las utilidades de los bancos. También el Impuesto a la Renta aplicado al sector experimentaría una subida notable, pasando del 15% al 25% en cuestión de semanas. A todo ello se le unen tasas a los activos en el exterior de los bancos, aumento de los "anticipos" que debe pagar el sector al Fisco, cobro del IVA por servicios financieros, eliminación de beneficios por reinversión en créditos, etc.
Numerosos directivos del sector, como Fidel Egas, ya han advertido que difícilmente podrán responder ante los depositantes ecuatorianos si se aprueba este tipo de medidas. "Si nos va a castigar, es mejor que con claridad él estatice la banca", declaró la semana pasada el Presidente del Directorio del Banco del Pichincha.
La iniciativa choca frontalmente contra la propia Constitución promovida por el régimen socialista que preside Correa. Así, con semejantes medidas quedarían violados principios jurídicos como la no retroactividad, la generalidad en materia tributaria, la presunción de inocencia, el derecho a la propiedad privada... La medida bien podría ser catalogada como una confiscación encubierta, canalizada por medio de una reforma tributaria.
El proyecto legislativo no solamente supone una expropiación indirecta de la banca, vía extracción de buena parte de sus rentas, sino que además busca eliminar el secreto bancario de forma absoluta para la Hacienda del país. Los bancos ecuatorianos estarían en la obligación inmediata de entregar "cualquier información que sea requerida" por la autoridad tributaria, "de manera directa, sin trámite o intermediación alguna". Esto contrastaría con la mayoría de legislaciones del mundo, donde los trámites para saltarse el secreto bancario son muy estrictos, con el objetivo de asegurar los derechos fundamentales de los depositantes.
Por otro lado, el presidente Correa pretende regular los sueldos de la banca. El proyecto busca que los sueldos de los representantes legales y directivos del sistema financiero tengan un techo impuesto por las autoridades bancarias controladas por el Gobierno central. Correa ha lanzado amenazas de "desvelar" nombres, sueldos y cargos de los ejecutivos bancarios que más ganan en Ecuador, una nueva forma de intimidación pública similar a la que han sufrido decenas de periodistas o activistas de oposición desde que el "socialismo del siglo XXI" llegó al poder.
Los ecuatorianos, en contra
Correa ha intentado justificar la llamada Ley Orgánica de Redistribución del Gasto Social mediante su enorme aparato de propaganda estatal. Sin embargo, las encuestas demuestran que la abrumadora mayoría de los ecuatorianos rechaza la medida y apoya las tesis del principal candidato de la oposición.
En concreto, un 68,6% de los habitantes de las dos grandes ciudades del país (Quito y Guayaquil) considera inconveniente que Correa financie así una nueva expansión del gasto público. El 72,8% de los encuestados opina que la medida es "ilegal", y el 86% respalda la tesis de Lasso según la cual debería financiarse dicho programa asistencial por medio de una rebaja del gasto público que también permita bajar los impuestos a los contribuyentes.
Es importante recordar que hace algo más de una década Ecuador enfrentó una gravísima crisis financiera que empujó a millones de ciudadanos a emigrar a países como España o Estados Unidos. Entonces, el colapso del sistema financiero trajo al país años de inestabilidad política, populismo y empobrecimiento generalizado. Esto explica que el 71% rechace la conveniencia de estatizar la banca, objetivo que Correa vería cumplido de prosperar esta ley.