Tal y como se preveía, el Gobierno ha decidido extender a 2013 la vigencia del Fondo de Liquidez Autonómico, para que las comunidades puedan seguir gastando al ritmo acostumbrado.
Por si los 18.000 millones que se han dilapidado en 2012 no resultaran suficiente carga para el exhausto contribuyente, Rajoy ha decidido aumentar hasta los 30.000 millones la dotación del FLA, de forma que casi el 3 por ciento de toda la riqueza que los españoles crearemos con nuestro esfuerzo en 2013 tendrá como destino las arcas de unas Administraciones manirrotas y tremendamente irresponsables.
Mientras empresas y familias intentan sobrevivir a los rigores de una recesión sin precedentes, agudizada por el castigo fiscal impuesto por el Gobierno, las diecisiete autonomías tendrán garantizada el año próximo la financiación de sus dispendios, a costa de agravar todavía más la situación del país entero, cuyas dificultades para encontrar auxilio económico en el exterior se traducen en el pago de unos intereses prohibitivos que tendrán que asumir varias generaciones de españoles.
Hablamos de diecisiete corporaciones públicas que ejercen, simplemente, competencias delegadas, cuya nutridísima clase política ha encarecido copiosamente con sus inversiones disparatadas su propensión al nepotismo y una notable facilidad para la corrupción. Hablamos de diecisiete instituciones que, a pesar de la ruina que vive España, mantienen todavía treinta y cinco canales autonómicos de televisión, más de setecientas estaciones públicas de radio, ciento sesenta embajadas en el exterior y 2.300 chiringuitos locales, de los que 600 han sido creados a en plena crisis económica.
Una vez constatado que el Gobierno ha decidido seguir esquilmándonos para mantener a la casta autonómica, sólo cabe exigirle que actúe respecto a las autonomías con la misma contundencia supervisora y sancionadora que las autoridades europeas van a imponer a España en cuanto se sustancie el rescate soberano, al que, con decisiones como esta, estamos abocados. Los dirigentes autonómicos que quieran seguir manteniendo disparatados entramados mediáticos, legiones de embajadas y centenares de chiringuitos para colocar a incontables enchufados deberían asumir las consecuencias, pedir ellos mismos esos 30.000 millones al exterior y después rendir cuentas a los que les votaran. Sería inadmisible que el rigor de las condiciones que la UE impone al país entero se desvanezca en este rescate autonómico que el Gobierno ha decretado, tal y como parece adivinarse en las sucesivas declaraciones de los ministros responsables del área económica respecto a Cataluña, la comunidad autónoma más ruinosa y, por tanto, premiada con mayor profusión por el Ejecutivo de Mariano Rajoy Brey.