El plan de urgencia contra los desahucios tuvo que llegar tras muchas lágrimas, mucha desesperación... y suicidios. El último este mismo viernes, provocando una oleada de contactos al más alto nivel entre el Ejecutivo y el primer partido de la oposición para llegar a un principio de acuerdo que evite uno de los dramas más desgarradores de la crisis. Las negociaciones continuarán todo el fin de semana, de forma discreta, pero hay una fecha límite: este lunes tiene que estar sellado.
El Gobierno se mostró decidido a acabar con una situación que más que “terrible” es “inhumana”, y que no puede ser consentida. “Esto es España y en España esto no puede volver a ocurrir. Hemos llegado tarde, demasiado tarde, pero tenemos que dar solución”, afirmaba un alto cargo pocos minutos después de la noticia del fallecimiento de Amaia, resumiendo el sentir generalizado de la administración. En tonos muy sobrios, el presidente hizo el anuncio desde Lérida: “Espero que” en dos días “podamos concretar algunas medidas”, avanzó.
Mariano Rajoy fue muy contundente: “Hay que tomárselo con seriedad y humanidad”, dijo en un mitin de campaña, para destacar que en las últimas horas “hemos hablado con muchas personas” para poner fin a la imagen de la desesperación. El jefe del Ejecutivo intentó guardar las formas -el compromiso aún no ha sido sellado formalmente- pero avanzó aquellas líneas que ya han sido concretadas en las negociaciones: “Espero que podamos concretar la paralización temporal de los desahucios de las familias más vulnerables” así como dejar claro “los umbrales de exclusión” para que se pueda aplicar el Código de Buenas Prácticas y que los bancos permitan permanecer en sus casas.
Durante toda la jornada fuentes gubernamentales hablaron de una 'propuesta de periodo de carencias' para proteger a los colectivos más desfavorecidos. En otras palabras, aquellas familias sin empleo con niños o personas mayores a su cargo, o con todos sus componentes que se han quedado sin trabajo. “Estamos en un contexto muy difícil. Personas con empleo ayer o no lo tienen y no pueden pagar sus hipotecas. Estamos trabajando para solucionarlo”, añadieron desde la Moncloa.
La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, dirige el grueso de la operación. Este viernes, volvió a hablar con su homóloga en Ferráz, Elena Valenciano, para acelerar el proceso y llegar a un acuerdo el lunes. Ambas se definieron destrozadas. Ya el jueves la sintonía marcó la reunión que mantuvieron, pero todo se ha acelerado.
Una de las claves estará en el Código de Buenas Prácticas. “Es una buena base que ampliándola nos permite buscar soluciones para más familias”, expuso Vicente Martínez Pujalte, portavoz de Economía del Grupo Popular. Se trabaja, por ejemplo, en la ampliación de plazos o entregar la vivienda en dación de pago pero quedándose con un alquiler con renta social.
“Es una situación lacerante ver cómo familias que pierden el puesto de trabajo, luego encima tienen dificultades para mantener el propio domicilio familiar, que es la única casa que poseen. Eso tiene que tener un tratamiento, puede tenerlo y, además, hay que obligar a la entidades financieras a que den ese tratamiento”, concluyó Pujalte, en declaraciones a los medios en Palma de Mallorca. Desde Moncloa se insistió en que el lunes, sí o sí, la opinión pública tendrá una solución encima de la mesa.