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Juan Ramón Rallo

La prioridad es reducir el gasto público

Ésa, la reducción de nuestro sobredimensionado sector público, sí debería ser la prioridad y no convertir en permanentes el IRPF más elevado de Europa

Como explico en mi último libro, Una alternativa liberal para salir de la crisis, las Administraciones Públicas necesitan reducir su gasto anual en alrededor de 135.000 millones de euros para acabar con el déficit, despejar los riesgos de suspensión de pagos del país y poder atraer inversión extranjera que contribuya a modificar nuestro anquilosado modelo productivo, basado en el ladrillo. Un recorte que nos alejaría de Grecia y nos acercaría, en lo relacionado con el tamaño del Estado, a Suiza.

La política del Partido Popular, desde que Mariano Rajoy se asentó en La Moncloa, ha pasado, sin embargo, por tratar de minimizar la magnitud del recorte (hasta el punto de que en 2013 la Administración central gastará más que en 2012 y 2011) mediante una muy considerable subida de todas las figuras impositivas: IRPF (tanto en su base general como en la del ahorro), IVA (en sus tres tipos), Sociedades (eliminando la mayor parte de deducciones fiscales a las empresas, obligándolas incluso a tributar por beneficios que no han obtenido) e incluso cotizaciones sociales (tras haber prometido que las iban a reducir).

La estrategia de exprimir más al ya asfixiado contribuyente en lugar de proceder a pinchar con resolución la burbuja del sector público (la hipertrofia del gasto estatal merced a la recaudación extraordinaria proporcionada por la burbuja inmobiliaria) tiene pocos visos de éxito: de momento, tan sólo está sirviendo para mantener la recaudación fiscal de 2011, no para incrementarla. Magro consuelo cuando el año pasado cerramos con un déficit de 100.000 millones de euros, que debemos reducir, no estabilizar.

Pero, más allá de la cuadratura del círculo contable español, apostar por las subidas de impuestos en lugar de por las reducciones del gasto público en medio de una devastadora crisis económica como la que atravesamos supone un doble error. Al cabo, los dos problemas fundamentales que ahora mismo padece España son una estructura productiva descompuesta tras la burbuja inmobiliaria y un exceso de deuda –sobre todo privada– provocada por la política de crédito barato del Banco Central Europeo.

Perseguir con más impuestos al sector privado torpedea la solución de estos dos problemas. Por un lado, se exprime a los agentes económicos que, en el complicadísimo contexto actual, siguen generando riqueza para mantener programas de gasto público que o no contribuyen a hacerlo o que directamente lo obstaculizan. En otras palabras, reducimos todavía más el atractivo de ahorrar, invertir y emprender en la economía española, bloqueando el necesario cambio en nuestro modelo productivo: difícil, pues, volvernos un destino más atractivo para los capitales foráneos, si tenemos impuestos más elevados que países de nuestro entorno mucho más productivos y serios que el nuestro.

Por otro, cuanto más recortemos la renta disponible del muy endeudado sector privado, más complicado resultará a nuestras familias y empresas reducir su muy abultado endeudamiento, de modo que seguirán cargando durante más tiempo con una pesada losa de deuda que coloca dudas sobre su solvencia e impide que vuelvan a consumir o, preferiblemente, invertir con autonomía. Olvidémonos de que el crédito "vuelva a fluir" hasta que el apalancamiento de nuestro sector privado no caiga de manera muy considerable.

Es verdad que, como dice el ministro De Guindos, la reducción del déficit público es una prioridad, y que sin consolidación presupuestaria es imposible que España se recupere. Pero que la reducción del déficit sea una prioridad no significa que el mantenimiento de figuras fiscales extraordinariamente gravosas también lo sea. Más bien al contrario: existe la mucho más razonable, efectiva y beneficiosa alternativa de pinchar la burbuja del sector público recortando el gasto (nota: mantras como "luchar contra el fraude fiscal" o "hacer pagar más a los ricos" no contribuirían en nada a minorar el déficit). Ésa, la reducción de nuestro sobredimensionado sector público, sí debería ser la prioridad, y no convertir en permanentes los tipos marginales del IRPF más elevados de Europa.

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