Desde la fuerte presión que sufrió la deuda española la pasada primavera, la palabra "rescate" ha estado persiguiendo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Tan sólo a partir del verano empezó a relajarse dicha tensión, pero esto sólo fue posible gracias al compromiso del presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, tras anunciar su disposición a comprar de nuevo bonos nacionales en caso de que España precise ayuda externa. El Gobierno aprovechó entonces la relativa relajación de la prima de riesgo para evitar, por el momento, dicha petición.
Sin embargo, el riesgo sigue presente. La prima ha vuelto a auparse hasta el umbral de los 450 puntos básicos y, una vez más, se suceden las presiones desde distintos frentes para que el Ejecutivo se decida de una vez a solicitar el famoso rescate, requisito imprescindible para que el BCE monetice (compre) deuda española.
¿Por qué se resiste tanto Rajoy a tal petición? No en vano, el Gobierno está deseoso de que el BCE entre en el mercado de deuda para rebajar de forma considerable la prima de riesgo española -hasta un nivel próximo a los 200 puntos básicos-, pero, al mismo tiempo, se resiste a acudir a los mecanismos europeos de asistencia. La razón estriba en el temido Memorándum, es decir, el pliego de condiciones que impondría la troika -Comisión Europea, BCE y Fondo Monetario Internacional- a España.
Desde el Gobierno se ha insistido en numerosas ocasiones que es preciso estudiar en detalle los términos -condiciones- de este proceso para favorecer el interés general de los españoles. Sin embargo, bajo este tipo de declaraciones se esconde una realidad mucho más simple. La austeridad y las reformas, simplemente, no venden. Las medidas para solucionar la crisis suponen, por el contrario, un fuerte deterioro político.
Todos los gobiernos que se han visto obligados a adoptar medidas impopulares contra la recesión y el déficit han visto cómo se desplomaba su popularidad en las encuestas, hasta el punto de perder el poder. La austeridad no ayuda a ser reelegido, según los analistas de Citigroup, al menos en los países periféricos -incluida Francia-.
Índice de aprobación de los mandatarios de Grecia (azul claro), Irlanda (azul marino), Portugal (rojo), Italia (verde), España (amarillo) y Francia (azul oscuro).
El doble discurso del PP
Sólo así se entiende el doble discurso que viene desarrollando el PP desde su llegada al poder. Por un lado, Rajoy enfatiza, una y otra vez, que la única solución posible para salir del atolladero es no gastar más de lo que se ingresa -austeridad pública- y profundas reformas estructurales para potenciar el crecimiento económico, avalando así, en teoría, la estrategia que Alemania intenta imponer al resto de la zona euro desde el estallido de la crisis de deuda en 2010.
El problema es que tales palabras no se están reflejando del todo en su gestión económica. No en vano, lo primero que hizo Rajoy al llegar al Gobierno fue retrasar la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2012 (3 de abril) hasta después de la celebración de las elecciones regionales andaluzas (25 de marzo).
Y ello, justo después de haberse rebelado contra la canciller germana, Angela Merkel, para elevar el objetivo de déficit público del 4,4% previsto inicialmente al 5,3% en 2012 y, posteriormente (en julio), al 6,3% actual. De hecho, en estos momentos, el Ejecutivo sigue presionando a Bruselas para tratar de relajar, una vez más, la senda de reducción del déficit hasta un nivel "razonable", según advertía esta misma semana el ministro de Economía, Luis de Guindos. No deja de resultar contradictorio que si "el objetivo de déficit es irrenunciable", el Gobierno se afane tanto en retrasar lo máximo posible su consecución, tratando de elevar una y otra vez el umbral a cumplir.
Algo similar sucede con la senda de ajuste emprendida. Así, en lugar de tratar de reducir la brecha fiscal exclusivamente por el lado del gasto (mediante recortes), tal y como prometió Rajoy en su discurso de investidura, el Gobierno ha optado por repartir las cargas al 50% -la mitad del ajuste por la vía del gasto y la otra mitad subiendo impuestos-. Y ello, basándose en la hipótesis de que el problema del déficit español es meramente "coyuntural", es decir, que se debe a un desplome temporal de ingresos como resultado de la crisis y no a un exceso de gasto público, en contra de lo que opinan el Banco de España, los asesores de Merkel, e incluso lo que demuestran los datos oficiales (el sector público seguía gastando en 2011 un 13% más que en 2007, en plena burbuja).
La ausencia de recortes drásticos y la sustancial subida de impuestos aplicada desde 2010 no está dando el resultado esperado: el déficit superó nuevamente el 9% en 2011 y se situó en el 8,5% del PIB semestral en la primera mitad de 2012. De hecho, la tímida reducción del gasto que está aplicando el PP -apenas un 0,7% interanual en 2013, sin contar deuda- es vendida a la opinión pública como "sacrificios" que no son del gusto del Gobierno.
En este sentido, destacan algunas declaraciones totalmente opuestas a la pretendida austeridad: el propio Rajoy aseveró durante la presentación de los PGE de 2012 -el pasado abril- que "ya me gustaría poder gastar 20.000 millones más [...]"; este mismo sábado ha tachado de "inaceptable" el recorte de gastos que incluye los presupuestos comunitarios; mientras que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, reclamaba el viernes una política presupuestaria más "alegre" y una política monetaria "más flexible", poniendo como ejemplo a seguir la gestión económica de Barack Obama en EEUU y rechazando, de soslayo, la senda de austeridad que intenta imponer Merkel a Europa y, en concreto, a España.
Pero, quizá, la prueba más evidente de las reticencias a los recortes por parte del Gobierno es la estrecha alianza que Rajoy ha venido fraguando con el presidente galo, François Hollande, claramente opuesto a la estrategia de austeridad germana.
Las medidas aplicadas hasta ahora ya se están traduciendo en una fuerte reducción de la intención de voto para el PP. Y los asesores de Moncloa son perfectamente conscientes de que pedir el rescate supondrá acelerar de golpe todas las reformas y ajustes fiscales aún pendientes. Un recetario mucho más impopular que, sin duda, se reflejará en un desplome mucho mayor en las encuestas.
Fuente: CIS
De ahí, precisamente, que toda la labor diplomática del Gobierno en el seno de Bruselas se vuelque en evitar por todos los medios condiciones extra a través de un Memorándum en caso de que España pida ayuda. El Gobierno quiere un crédito light o virtual para que el BCE compre deuda sin necesidad de hacer más ajustes y reformas.
Parece que Bruselas acaba de abrir esa puerta, pero Rajoy es consciente de que Alemania -y sus socios del núcleo duro del euro- es la que tiene la última palabra. Y Berlín, hoy por hoy, sigue manteniendo su receta: "Las políticas de austeridad son en interés de aquellos países donde se protesta contra ellas", declaró el viernes el viceportavoz del Gobierno alemán, Georg Streiter. El problema de fondo es que, si bien la receta es la adecuada, el coste político de la misma parece no compensar a ciertos mandatarios.