La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, el alcalde de Vigo y vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero; y el alcalde de Toledo, Emiliano García-Page, han anunciado este lunes una batería de medidas antidesahucios al margen de las aprobadas por el Gobierno.
Los regidores socialistas exigirán a los bancos que paralicen los desahucios de vivienda habitual por insolvencia sobrevenida hasta que entre en vigor una nueva ley y retirarán sus depósitos y créditos de las entidades que no lo hagan. Caballero ha explicado que la medida se dirigirá a todas las entidades, aunque ha reconocido que un 95 por ciento de los casos de desahucio son por entidades que han recibido ayudas públicas.
Por otro lado, los ayuntamientos socialistas se proponen asesorar legalmente a los ciudadanos, ejercer de mediadores entre los bancos y quienes necesiten renegociar sus deudas -intereses de demora, dación en pago con alquiler social, etcétera, poner en marcha planes especiales de ayudas sociales -alimentación, becas de comedor, ayudas al alquiler- y de búsqueda de empleo, favorecer la creación de parques públicos de alquiler social y crear protocolos de servicios sociales.
Además, plantean retirar el impuesto de plusvalía para las personas que sufran la pérdida de su vivienda en subasta y para las que logren la dación en pago de la deuda; denegar la participación de la Policía Local salvo requerimiento judicial y publicar los nombres de las entidades bancarias que hayan paralizado los desahucios. También proponen elaborar un registro de familias desahuciadas y de las que estén en riesgo de serlo.
Los alcaldes, además, han aprobado una declaración en la que rechazan el real decreto aprobado el jueves por el Gobierno porque creen que "no soluciona el problema en su dimensión real", al dejar "excluidas a miles de familias" y denuncian que el Ejecutivo no tiene un "compromiso firme" de reformar la legislación para "acabar con los actuales abusos de los bancos".
Críticas al Gobierno
Para Valenciano, la moratoria aprobada es "menos que un parche" porque para acogerse a él hay que sufrir "muchas desgracias". "En absoluto estamos pidiendo al Gobierno actos caritativos, dirigidos a colectivos claramente excluidos, sino de un problema que se ha generalizado a la clase media. Estamos hablando de derechos y no de caridad y esto es lo que la derecha, de momento, parece no entender", ha manifestado.
La número dos de los socialistas ha insistido en que la moratoria es mucho menos ambiciosa de lo que Gobierno y PSOE habían tratado en sus conversaciones. Por eso, ha asegurado que el PSOE seguirá trabajando porque cree que "una sociedad decente no puede dejar tirado a nadie".