Como cada cuatro o cinco años, la agricultura europea cobra gran protagonismo. Cuando llega el momento de negociar los presupuestos de la UE, todo el mundo vuelve a prestar atención a la Política Agraria Común (PAC), una partida que se lleva más del 40% del Presupuesto comunitario pero que, pese a todo, no consigue reanimar el sector.
Los políticos europeos han conseguido una proeza casi inigualable. Tras varias décadas de ayudas constantes al campo, no sólo no han logrado mejorar la situación de los agricultores, sino que incluso están empezando a dañar su imagen. Casi todo el mundo siente una simpatía instintiva por el sector primario. Se sabe que es un trabajo complicado, y quien más quien menos tiene un pueblo, un abuelo que era agricultor o un recuerdo de las vacaciones de infancia en el campo.
Pues bien, incluso así, empieza a extenderse en amplios sectores de la sociedad la injusta caricatura del agricultor subvencionado, que sestea mientras sus cultivos se echan a perder, con el convencimiento de que cobrará la correspondiente ayuda europea. Cualquiera que conozca el sector sabe que no sólo es una fotografía que no se corresponde con la realidad, sino que el campo sigue siendo una de las profesiones más duras, inciertas y arriesgadas que existen.
¿Cómo un sector de pequeños empresarios, en el que casi no existe la empresa pública, ha acabado siendo el paradigma de la intervención política? Sólo la burocracia bruselense con toda su potencia de fuego podía conseguir semejante hazaña: empobrecer al campo y, al mismo tiempo, destrozar la imagen de los agricultores.
Lo que se ve y lo que no se ve
En realidad, el campo europeo es como un náufrago que tiene una cuerda atada a los tobillos de la que cuelga una enorme piedra. Mientras bracea para tratar de sacar la cabeza de debajo del agua, le lanzan un pequeño salvavidas desde un barco cercano. No le servirá para llegar a la costa, pero retrasará el inevitable hundimiento.
El observador poco atento verá el flotador (la PAC y otras ayudas similares), pero le será más difícil advertir lo que queda por debajo de la superficie, esa enorme losa de regulaciones, normas ambientales, requerimientos sanitarios, derechos de los animales, restricciones a la innovación con transgénicos, exigencias burocráticas... No existe en este momento en Europa ningún sector económico que tenga que hacer frente a tal número de trabas, dictadas por el mismo poder político que luego se pone medallas cuando llega el momento de repartir las subvenciones.
Y cuanto más al sur y al este, más ayudas públicas, menos competencia y menos eficiencia. Así, en España, apenas el 4,5% de los propietarios agrícolas tiene menos de 35 años, frente a un 36,6% de mayores de 65. El campo envejece a ojos vistas y, mientras los jóvenes abandonan los pueblos, se prueban las mismas recetas que llevan años fracasando: proteccionismo, subvenciones, mucha regulación y poca libertad económica.
Cooperativas y cadena alimentaria
En el ámbito español, Miguel Arias Cañete presentó hace un mes las dos normas fundamentales del Gobierno en lo que respecta al sector agrícola: la ley de fomento de la integración de cooperativas y la ley de mejora de la cadena de valor.
Por un lado, el ministro de Agricultura quiere intervenir en el mercado regulando las relaciones entre productores, intermediarios y mayoristas. Con la lucha contra las malvadas superficies por bandera, se introducen límites a las transacciones libremente acordadas. El resultado será el previsible: los grandes distribuidores, aquellos que tienen la capacidad para hacerlo, buscarán proveedores fuera de España o encarecerán los productos para mantener sus márgenes. Habrá que ver entonces cómo el Ejecutivo de turno se saca de la manga una nueva ley sobre la cadena alimentaria... y vuelve a echar la culpa de todo a los malvados intermediarios.
Sin embargo, en lo que respecta a la otra ley, la de cooperativas, sí que podríamos estar ante un importante avance. El futuro del campo europeo está en la integración, que llevará aparejada la modernización de muchos de sus procesos, el ahorro en la gestión y un mayor poder de negociación dentro del mercado. Juan Ramón Rallo abogaba hace unos años por los cárteles de agricultores. Hasta ahora, en España era muy complicado crear grandes cooperativas, especialmente por una legislación autonómica miope que premiaba los grupos intrarregionales mientras ponía todo tipo de trabas a los grandes conglomerados nacionales.
Holanda o Nueva Zelanda
De esta manera, mientras nuestra primera cooperativa (Coren) no llega a los 1.000 millones de facturación, en Holanda las dos mayores, Friesland-Campina y Vion, tienen unos ingresos anuales conjuntos de 18.000 millones. No es difícil imaginar cómo se gestionan estas compañías, cuál es su poder de negociación con los distribuidores y hasta dónde llega su capacidad para gastar en investigación o en abrir nuevos canales de comercialización.
El mejor ejemplo que podría encontrar Arias Cañete no está cerca, pero sí lleva tiempo en funcionamiento. En los años 80, Nueva Zelanda era un país de agricultores envejecidos y maltratados por el poder político. Ante una crisis que amenazaba una de las patas de su economía, el Gobierno liberalizó el sector. Treinta años después, es un ejemplo de integración en el mercado global, de creación de empleo y de mejora de la productividad.
Mientras tanto, miles de agricultores españoles trabajan de sol a sol sin conseguir que todo ese esfuerzo dé los frutos deseados. Desde las tribunas liberales, han sido muchos los que han criticado la PAC, una de las peores iniciativas que jamás haya puesto en marcha la UE. La sensación es que ninguna subvención sacará del problema a este sector. Pero tampoco sería justo quedarse en la superficie. Por debajo permanece una pesada losa que amenaza con arrastrar el campo europeo al fondo del mar.