El Pleno del Congreso ha dado este jueves luz verde a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2013 tras el debate de las enmiendas incorporadas a la ley en su tramitación en el Senado, con lo que las cuentas quedan listas para entrar en vigor el próximo 1 de enero. Se han rechazado dos enmiendas técnicas referidas a la disposición adicional septuagésima segunda del proyecto de ley.
Durante el debate en la Cámara Baja, el movimiento 25-S ha vuelto a manifestarse en un ejercicio de protesta contra los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año.
Concretamente, el PP aprobó una enmienda en la que abría la puerta a que los ayuntamientos pudieran refinanciar operaciones de endeudamiento realizadas antes del 24 de febrero en el marco de los planes de pago a proveedores, siempre y cuando se buscara la disminución de la carga financiera o la ampliación del periodo de amortización.
En este supuesto caen los planes de pago de facturas pendientes aprobados por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, como la línea ICO a ayuntamientos de 2011. Sin embargo, los populares han excluido finalmente las operaciones realizadas en el marco de ese decreto.
Las entidades locales con ahorro neto negativo o un endeudamiento superior al 75% de sus ingresos corrientes deben aprobar un Plan Económico Financiero de tres años. Según la enmienda, en caso de incumplimiento en el último ejercicio, se prohibía concertar nueva deuda a largo plazo en el año siguiente.
Según la justificación de los populares, su objetivo era dar más "margen de maniobra" a las entidades locales que, como consecuencia del mecanismo de pagos a proveedores o del fuerte endeudamiento a largo plazo formalizado en años anteriores, ahora tienen un cierto estrangulamiento financiero", incluyendo no obstante "medidas de consolidación y control para las que se encuentren en peor posición financiera".
Ahora, el PP restringe aún más este supuesto, con lo que cualquier corporación local sujeta a un plan de saneamiento y reducción de su deuda que incumpla lo previsto en cualquiera de los tres años incluidos en el documento no podrá solicitar nueva deuda hasta que no recuperen el equilibrio.
Esta línea ICO estaba dotada con hasta 3.400 millones de euros para pagar facturas emitidas antes del 30 de abril de 2011 adeudadas por los ayuntamientos a las pymes preferentemente, y llevaba aparejada una obligación de cancelación a los tres años sin periodo de carencia.
Tres meses de tramitación
Tras casi tres meses de tramitación en las Cortes, los Presupuestos que aprobó el Gobierno a finales de septiembre han sido finalmente modificados con unas 230 enmiendas propuestas por el PP y apenas una decena que la oposición ha conseguido 'colar' en el proyecto original.
Sin embargo, el grupo mayoritario no ha podido conseguir ningún respaldo a sus cuentas, contra las que todas las formaciones –salvo PP, UPN y Foro Asturias– presentaron enmienda de totalidad y que rechazaron apartado por apartado en la votación en el Congreso.