Sin generación de actividad productiva será imposible que salgamos de este profundo agujero negro. En todo caso podremos sobrevivir, pero será arrastrándonos por el barro y en una situación de deterioro cada vez más agudo. A estas alturas de la crisis ya deberíamos habernos dado cuenta todos de que ni la Administración central, ni las comunidades autónomas, ni los ayuntamientos, ni las diputaciones, ni los cabildos, ni las mancomunidades ni las empresas públicas tienen una fuente de la que manen cantidades ingentes de dinero.
Los euros con los que se paga todo eso proceden de nuestros bolsillos. Es decir, de las rentas que obtienen las personas con su trabajo y las empresas con su actividad productiva. Por lo tanto, cuantas más empresas se creen y se mantengan, más sostenibilidad podremos conferir al sistema, que, por cierto, sigue padeciendo problemas de sobredimensionamiento; en cuanto a eso que llamamos Estado del Bienestar, sigue estando inflado y mal gestionado.
Uno de los mejores incentivos a la creación de empresas es implantar una suave presión fiscal. Pues bien, Cataluña, que ha venido siendo uno de los motores económicos de España gracias al buen desempeño de su muy innovador tejido productivo, lleva ya varios años perdiendo empresas. Pero lo que me parece más grave es que va a continuar en esa senda, porque la alianza ERC-CiU ha logrado el dudoso honor de convertir al Principado en el territorio donde más se gravan la actividad productiva y las rentas del trabajo.
El nuevo Gobierno autonómico va a elevar el impuesto de patrimonio de dos formas: por un lado, va a reducir el mínimo exento y, por el otro, va a imponer un recargo a los tramos más altos. Así mismo, va a establecer un nuevo impuesto a los depósitos bancarios, lo que va a provocar inmediatamente un encarecimiento de los créditos y la desincentivación del ahorro, justo cuando más se necesita favorecer la inversión. También va a subir el impuesto sobre sucesiones y donaciones, que prácticamente ha sido eliminado en el resto de España para operaciones entre padres e hijos por la enorme injusticia que significa tener que pagar dos veces por lo mismo, y hará lo mismo con el impuesto de transmisiones patrimoniales.
Por cierto, Cataluña es la comunidad autónoma con el tipo del IRPF más alto (56%). Sólo se conocen dos territorios en todo el mundo con un tipo superior: Suecia y la isla de Aruba.
La imaginación del bipartito no tiene límites, así que ya han tenido tiempo para parir nuevos tributos. Por ejemplo, el denominado impuesto coca-cola, que penalizará fiscalmente las bebidas con exceso de azúcar. Aún se desconoce qué hará con los alimentos que contengan muchas calorías. Además, la Generalitat pretende aplicar un nuevo impuesto para gravar a los vehículos pesados que transiten por vías de titularidad pública. Por el momento no se sabe qué medidas va a tomar contra los ciudadanos que, abusando de la saludable actividad del paseo, usen las aceras en exceso.
Entre tanto, Cataluña no es capaz de llegar a fin de mes por sus propios medios. Va a incumplir el déficit y no es capaz de financiarse en los mercados porque no éstos se fían de que devuelva los créditos; por lo tanto, el Estado (todos los ciudadanos) tendrá que seguir inyectando elevadas dosis de dinero en Cataluña para hacer frente tanto a sus vencimientos financieros como a los desproporcionados gastos corrientes en que sigue incurriendo.
Pero por si todo esto fuera poco, se van a crear más organismos públicos (también esto lo pagaremos entre todos), con lo que ello supone de socavamiento de la unidad de mercado, a través del llamado Consejo Catalán para la Transición Nacional. Precisamente cuando en Europa estamos conmemorando el 20 aniversario del mercado único (aún incompleto), que ha provocado el incremento de la economía europea en 600.000 millones de euros al año y ha contribuido a crear casi tres millones de nuevos empleos en el continente.
Entre tanto, la Comunidad de Madrid luce la menor presión fiscal de España y, como consecuencia de ello, consigue hacer frente a la crisis y se mantiene como la locomotora económica de España: es el territorio donde surgen más empresas.