La estrategia de la confrontación, ideada por el equipo de Manuel Chaves para defender su hegemonía del gobierno ganador del PP en 1996, le salió muy bien. Ahora, el gobierno de coalición PSOE e IU hace lo propio respecto al gobierno Rajoy, si bien su actuación es menos sibilina que la del expresidente de la Junta. Tanto en los recortes sociales como en las peticiones de ayuda al gobierno, al gobierno Griñán se le ve el plumero. Ahora, la Junta quiere pedirle al Gobierno casi 5.000 millones en 2013, pero a la vez acusa de discriminación y partidismo al ejecutivo de Rajoy -que le salvó la vida hace unos meses para que pudieran pagar a algunos proveedores-.
En el primero de los casos, los recortes sociales, si bien es cierto que el gobierno Rajoy ha limitado los gastos de las CCAA, no les ha dicho en qué partidas debe hacerse tal limitación por lo que los recortes sociales en educación, sanidad, dependencia y servicios sociales municipales son decisión exclusiva de la Junta de Andalucía. El gobierno de España invita a recortar gastos, pero si son sociales o no, lo decide la Junta, que ha decidido no tocar "su administración paralela" sino los servicios sociales.
En el segundo de los casos, el dinero del Fondo de Liquidez Autonómica, la Junta pidió dinero en 2012 y pide ya casi 5.000 millones para 2013, pero no dice a los ciudadanos que su problema es que no encuentra dinero en el mercado, esto es, que nadie quiere prestarle un duro y que de no ser por el gobierno Rajoy entraría en bancarrota.
A pesar de ello, los calificativos son gruesos respecto al gobierno Rajoy. Andalucía pedirá en 2013 más de 5.000 millones al fondo de liquidez. Si la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, anunció hace una semana que la Junta acudirá en 2013 a esta herramienta de financiación, diseñada por el Gobierno central para que las comunidades afronten vencimientos de deuda, intereses y, en último lugar, el pago a los proveedores, el vicepresidente Valderas ya ha dado cifras, más de 4.906 millones de euros que es lo que se pidió este año.
Y mientras lo pedía, Valderas ha sacado su versión de la confrontación. "Creo que tiene que ser una cifra más alta de la que habíamos pedido para este año", y que conlleve "un trato para Andalucía "que no sea discriminatorio". Valderas ha insistido así, dice El País, en el discurso del agravio que PSOE e IU han armado desde la Junta a cuenta del reparto del FLA. Andalucía ha recibido 2.133 millones, es decir, el 43% de los 4.906 que se habían reclamado. La supuesta discriminación, según los responsables de la Junta, se sustenta en que a otras comunidades le han llegado más fondos y en una proporción mayor. Por ejemplo, Cataluña ha logrado 5.370 -el 98,8% de lo solicitado- y Valencia el 56% de los 4.500 millones que pidió al Ministerio de Hacienda.
Pero ni el PSOE ni IU dicen que el Ejecutivo central ha diseñado para el reparto del FLA la deuda de cada autonomía tiene un peso considerable a la hora de repartir los fondos. Es decir, las comunidades con más deuda reciben más. Y Andalucía, según repiten sus responsables, es una de las autonomías con menor deuda por habitante o en relación a su PIB.
Martínez Aguayo ha reclamado que se cambien los criterios del reparto del FLA para que no se penalice a las comunidades más "cumplidoras" y para que el reparto se haga en función de la población y de los presupuestos de cada autonomía,no de las deudas. Montoro y Aguayo tienen una reunión el 27 de diciembre en la que también estará presente el vicepresidente Valderas.
Aunque Aguayo reconoce que los mercados de deuda seguirán cerrados "hasta después del tercer trimestre" del próximo año y que la Junta tendrá que recurrir a los mecanismos de financiación que pongan en marcha el Ejecutivo central, como es el caso del FLA, sigue tejiéndose el discurso de la confrontación que oculta que la Junta ha emitido deuda este ejercicio por valor de 3.702,2 millones de los que sólo 972 corresponden a emisiones en los mercados. El resto —más de 2.700 millones— ha venido a través del Instituto de Crédito Oficial; principalmente, a través del FLA del gobierno de Rajoy.