Acciona ha avisado a la Generalidad de Cataluña que exigirá la devolución de los 298,65 millones de euros que abonó el pasado 27 de diciembre como primer pago del canon concesional si se anula el concurso de la empresa pública Aigües Ter Llobregat (ATLL).
"En el supuesto de que la situación creada desembocara en la anulación y resolución del contrato vigente, el consorcio adjudicatario tendría derecho a la devolución inmediata por parte de la Generalidad de Cataluña de 298,65 millones de euros como parte del canon concesional del contrato y a la reparación de los daños y perjuicios que se hubieran causado", señaló el grupo presidido por José Manuel Entrecanales en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La reacción de Acciona se produce después de que el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC) haya estimado parcialmente el recurso especial en materia de contratación interpuesto por Agbar contra la decisión de la Generalitat de Cataluña de adjudicar el contrato al consorcio liderado por Acciona Agua, con el 39%.
En el consorcio también participan otros accionistas como el banco de inversiones brasileño BTG Pactual (39%) y otras sociedades minoritarias que representan a inversores privados.
En un comunicado, la compañía considera que esta resolución "carece de fundamento jurídico suficiente y se basa en una errónea interpretación de los hechos y normas aplicables al caso".
Asimismo, señala que la resolución dictada por el Órgano Administrativo de recursos contractuales de la Generalitat de Cataluña considera como "único motivo" de estimación del recurso el hecho de que la oferta del consorcio adjudicatario haya excedido el límite máximo de 10 años para la ejecución del plan de obras previsto en las bases de licitación.
"Incorrecto" entendimiento de los informes técnicos
Sin embargo, cree que esta apreciación se sustenta "en un incorrecto" entendimiento de los informes técnicos emitidos sobre el programa y los plazos de ejecución del plan de obras propuesto, ya que, como se desprende de estos informes, la propuesta ganadora respeta "escrupulosamente" el límite máximo de 10 años previsto en las bases de licitación, y, además, las modificaciones que la oferta introduce afectan únicamente a los periodos parciales de ejecución o cronogramas tentativos previstos en los pliegos de contratación, pero ajustando siempre la propuesta a este límite máximo y al resto de las condiciones del concurso.
Así, la compañía considera que el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Generalitat de Cataluña "confunde los plazos parciales de ejecución del plan de obras, que son modificables, con el periodo máximo total de 10 años que debe respetarse en todo caso, y al que estrictamente se ajusta la oferta presentada por el consorcio adjudicatario, por lo que bajo ningún concepto tal confusión puede resultar causa suficiente que determine la exclusión de dicha oferta".
Sorpresa ante estos pronunciamientos "contradictorios"
De esta manera, Acciona muestra "su sorpresa" ante la situación creada como consecuencia de estos pronunciamientos "contradictorios" de la Generalitat de Cataluña, "en la medida en que puedan afectar a la validez y vigencia del contrato concesional formalizado por el propio Ejecutivo catalán con el consorcio adjudicatario tan sólo unos días antes de la última resolución dictada, y manifiesta su confianza en que la situación "pueda ser administrativamente resuelta de forma definitiva en las próximas fechas".
La firma del contrato entre el consorcio y la Generalitat de Cataluña tuvo lugar el pasado 27 de diciembre, fecha en la que se procedió al desembolso de los cerca de 300 millones de euros como primer pago del canon concesional del contrato.
Acciona ha señalado que los servicios jurídicos del consorcio están preparando las acciones que procedan en derecho para defender sus legítimos intereses y ha subrayado que, en todo caso, el contrato suscrito sigue siendo un contrato "jurídicamente válido y vigente a la fecha", por lo que el consorcio está ya gestionando desde el 1 de enero la Red Ter Llobregat.
Así, la compañía ha indicado que, junto al consorcio adjudicatario, "atenderá sus compromisos y la prestación del servicio a que se han comprometido, cuya ejecución ha dado comienzo el pasado 1 de enero y "mientras dichos compromisos subsistan".