En 2007, el año de inicio de la actual crisis económica, en España había 2,5 trabajadores que cotizaban a la Seguridad Social por cada pensionista. Esta relación daba estabilidad al sistema público de pensiones porque había bastantes ingresos para pagar las prestaciones e, incluso, se producía un excedente que, en buena parte, se destinaba a incrementar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, esto es, la hucha de las pensiones. La crisis, sin embargo, ha deteriorado de tal forma la relación cotizantes/pensionistas que en 2012 se situó en 1,9 trabajadores por cada receptor de prestaciones por jubilación, un nivel claramente insuficiente para financiar las pensiones que ha llevado a la Seguridad Social a registrar importantes números rojos en sus cuentas. Y lo malo es que esta situación se va a agravar todavía más.
El problema fundamental de nuestro país es que se encamina hacia los seis millones de parados, cifra que, con toda probabilidad, superaremos a lo largo de 2013, y nuestros dirigentes políticos, afortunadamente, no pueden acudir a la devaluación para resolver nuestros problemas económicos, trasladando buena parte de la carga del ajuste a quien sí ha hecho sus deberes, porque somos miembros de la unión monetaria europea y el abandono de la misma supondría para España un cataclismo económico y social mucho más grave del que ya estamos sufriendo. En este contexto, el ajuste de la economía se produce de tres formas: o bien mediante la salida de trabajadores hacia otros países, o bien mediante el recorte de salarios y márgenes empresariales para recuperar competitividad, o bien a través de una combinación de ambas, que es lo que, en realidad, está sucediendo. ¿Esto qué significa para el sistema de pensiones? Pues que cada persona que se marcha de España para trabajar en otra parte es un potencial cotizante a la Seguridad Social que se pierde, lo que dificulta restaurar la relación trabajadores/pensionistas hasta los niveles que permiten que el sistema sea sostenible. Asimismo, cada vez que se reduce un salario, se minora también la base de cotización a la Seguridad Social, esto es, el sistema ingresa menos por cada trabajador que ve recortada su retribución o por cada contrato que se produce con un salario más bajo que antes de la crisis. Y, mientras tanto, y debido a las características demográficas de nuestro país, el número de personas con derecho a pensión que se jubila anualmente es cada vez mayor. En resumen, este escenario implica que el sistema de pensiones, con toda probabilidad, ha entrado en crisis permanente.
¿Qué se puede hacer, en este contexto? Lo suyo sería que el gasto público se recortase de forma drástica, con el fin de abrir margen en los presupuestos a la posibilidad de financiar en parte las pensiones con los recursos procedentes de la imposición general, lo que implicaría, entre otras cosas, acabar con las autonomías y con tanta empresa y tanto organismo público como hay en este país malgastando el dinero de todos. El problema es que la clase político-sindical no está por la labor, con lo cual, mucho me temo que lo que nos toca son nuevas dosis de recorte de las pensiones. El hecho de que ya se haya empezado a hablar nuevamente del Pacto de Toledo así lo indica.