Las principales compañías eléctricas temen el "efecto nefasto" que tendrá la reciente retirada de los topes legales al déficit de tarifa y auguran una importante batalla jurídica en 2013 con el Gobierno, que a su juicio ha acabado con el principio de suficiencia tarifaria en el sector, indicaron a Europa Press en fuentes de las empresas.
Desde las eléctricas se advierte de que la decisión del Ejecutivo no solo será muy dañina para sus cuentas, ya que les obligará a financiar el déficit adicional que se genere, sino también para los consumidores, que siguen sin pagar el coste real de la electricidad y que se verán abocados a sufrir traumáticas subidas del recibo en el futuro.
Las empresas se encontraban a la espera de la publicación de la orden ministerial sobre peajes de enero y se han encontrado el pasado lunes con un real decreto ley sobre empleados del hogar que elimina los límites al déficit de tarifa, fijados en 1.500 millones en 2012 y en cero en 2013, y que, a su juicio, evidencia el "fracaso absoluto" de la lucha contra el desajuste.
En este escenario, los equipos jurídicos se preparan para actuar en varios frentes. En primer lugar, analizan la posible presentación de recursos de alzada ante el Ministerio de Industria contra la resolución publicada el sábado en la que se revisa la Tarifa de Último Recurso (TUR) con los incrementos anunciados del 3% para recoger la evolución del coste de la energía.
Además, se encuentran a la espera de la publicación de la orden de peajes de enero, en la que se deben fijar los costes regulados del sistema en 2013, y piensan recurrirla ante el Tribunal Supremo si no se cumplen los principios de suficiencia, existan o no topes legales para el déficit. Los peajes con los costes regulados del sistema eléctrico se encuentran congelados desde abril del año pasado y, aunque el Supremo no ha admitido las cautelares en contra de esta decisión, el Alto Tribunal podría cambiar su criterio en cuanto disponga de los resultados definitivos del ejercicio, advierten.
Hasta 8.800 millones en dos años
La eliminación de los topes legales al déficit puede hacer que las eléctricas se vean obligadas a financiar hasta 8.800 millones de euros de deuda eléctrica en dos años, al menos durante el periodo previo a que este desajuste se titulice en los mercados.
Las empresas dan por hecho que el desajuste de 2012 será de unos 4.600 millones, una vez contabilizado el sobrecoste de 1.900 millones asumido por Industria sobre los 1.500 millones de tope, así como otros 1.200 millones por el coste extrapeninsular, cuya cuantía recaerá finalmente sobre la tarifa eléctrica.
Para 2013, y a la vista de la determinación del Gobierno de congelar peajes, el déficit podría ser de casi 2.000 millones si se consolida la determinación de no trasladar las extrapeninsulares a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y de otros 2.200 millones adicionales si las cuentas públicas tampoco asumen los costes financieros del déficit.